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Proponen “Ley Ingrid” para evitar filtración de imágenes relacionadas con feminicidios #VIDEO

La Fiscalía capitalina propuso reformar el código penal para encarcelar a funcionarios públicos que filtren imágenes de feminicidios

Luego de la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, autoridades promueven sancionar a los funcionarios públicos que difundan información sobre delitos en la Ciudad de México, donde las víctimas hayan sido mujeres, niñas o adolescentes, donde las penas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.

La medida aplicaría para policías adscritos a un organismo policial, pero en caso de ser servidores públicos adscritos a cualquier otro organismo, obtendrían como máximo 12 años de cárcel.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de MéxicoErnestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 293 al Código Penal para el Distrito Federal.

Éste sostiene que “al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados, con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Además, si se trata de imágenesaudios o videos de cadáveres o partes de ellos, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el párrafo anterior se incrementará en una tercera parte.

“Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”, señala el documento entregado a los legisladores.

Los funcionarios que sean señalados por filtrar imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, también se hará acreedor a una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos, además de ir a prisión.

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