Después de que hallaran su cuerpo en un cateo, la Fiscalía de Nuevo León confirmó la muerte de la joven desaparecida en Apodaca
Decenas de mujeres protestaron frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía estatal para pedir justicia por el feminicidio de María Fernanda Conteras Ruíz, luego de que la dependencia confirmara su muerte tras un cateo realizado el pasado 7 de abril en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa.
Con gritos de ”fuera Fasci”, exigieron la renuncia o destitución del secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, en rechazo a sus declaraciones que realizó el viernes, ante el problema de las desapariciones.
Tras atribuir el incremento en el número de casos a la pandemia de covid-19, y descartar que exista una banda o grupo del crimen organizado que está raptando mujeres, el secretario aseveró, “la mitad de los casos son porque no se reportan con sus papás las menores o las mujeres adultas”.
Muerte
Esta sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la muerte de María Fernanda Contreras Ruiz, joven desaparecida el pasado 3 de abril.
Por medio de un mensaje en redes sociales, la Fiscalía de Nuevo León apuntó que tras realizarse las pruebas genéticas, el cuerpo encontrado en un domicilio de la colonia Ex Hacienda de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, corresponde al de la joven de 27 años de edad.
El caso ha causado conmoción en la sociedad neoleonesa, debido a las denuncias hechas en redes sociales, en las que señalan que las autoridades fueron omisas, pese a que los padres localizaron por GPS la zona cercana al inmueble en el que finalmente fue hallado el cuerpo sin vida. De acuerdo con la institución, la causa de la muerte fue una contusión profunda de cráneo.
Según esta versión, tras reportar la desaparición de Fernanda el pasado 3 de abril, los padres utilizaron la geolocalización de su teléfono para dar con una localización en la que permanecieron por espacio de 24 horas, sin que las autoridades se presentaran.
Fue cuatro días más tarde cuando realizaron el cateo que derivó en la localización del cuerpo sin vida de la joven, que al momento de su asesinato tenía 27 años de edad.
Luego de que su automóvil Mazda 3 modelo 2017 fuera localizado el 6 de abril en la calle Jazmín, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda que comprendió el cateo de tres inmuebles.
La familia señaló que la última vez que tuvieron noticias de la joven fue ese mismo domingo, entre las 20 y las 21 horas, cuando les llamó para decirles que ya iba de regreso, luego de haber ido al municipio de Apodaca a comprar un vehículo.
Además, María José Ruíz, prima de María Fernanda, aseguró a medios locales que las autoridades detuvieron a una persona como sospechosa, pero la dejaron ir por falta de pruebas y hoy se encuentra prófuga.
Otro de los reclamos es que la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda hasta el lunes 4 de abril. “Ellos tenían la ubicación desde el día lunes, si hubieran sacado a mi prima el lunes, todavía estuviera con vida. Sacaron el cuerpo de mi prima de la misma ubicación que se les dio desde el lunes”, aseguró Ruíz en declaraciones recogidas por el portal ABC Noticias.
El gobernador de Nuevo Léon, Samuel García, aseguró en su cuenta de Twitter que no dijo nada antes porque “ante una mujer desaparecida, las palabras sobran”.
Señaló que ha estado en contacto con la Fiscalía desde el primer día y que ésta hará lo necesario “para que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley”. “A la familia y amigos de Maria Fernanda, de corazón, lo siento”, dijo.
La influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa del mandatario, aseguró en su cuenta de Instagram que tenía “emociones encontradas” sobre la muerte de María Fernanda.
Aseguró que estaba enojada porque no sabe qué debe tener una persona en la cabeza para para decidir arrancarle la vida a otra. Señaló que “ser mujer se ha convertido en un riesgo en este país y no debería ser así”.
Dijo estar triste por la familia, que debe sentir “rabia y tristeza” porque no hay nada que repare su pérdida. También pidió a la Fiscalía estatal que llegue “hasta las últimas consecuencias”.
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CAB
