
Martín Gerardo fue sentenciado a más de 45 años de prisión tras asesinar a su hijastra de un año en Zaragoza, SLP, y obligar a la madre a enterrarla.
El caso que estremeció a San Luis Potosí ha tenido sentencia. Un hombre identificado como Martín Gerardo “N” pasará más de 45 años en prisión tras ser hallado culpable de asesinar a golpes a su hijastra de un año de edad y de obligar a la madre de la menor a enterrarla en un predio en el municipio de Zaragoza.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que el sujeto fue sentenciado a 45 años, siete meses y 15 días de cárcel tras un proceso judicial donde se acreditó su responsabilidad por feminicidio agravado, así como por inhumaciones y exhumaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió en julio de 2020. Martín Gerardo golpeó con brutalidad a la menor, causándole un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte. Tras percatarse del fallecimiento, el sujeto obligó a la madre de la niña, Irma “N”, de 18 años, a trasladar el cuerpo y enterrarlo en una zona despoblada, lejos de la mancha urbana.
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El caso se descubrió el 3 de julio de 2020 cuando familiares de Irma reportaron su desaparición junto con la de su hija, lo que derivó en la activación de la Alerta Amber. La joven regresó a su domicilio e intentó encubrir lo sucedido al declarar falsamente que un taxista se había llevado a la menor, lo que encendió las alertas de las autoridades.
La FGESLP desplegó operativos de búsqueda y, tras detectar inconsistencias en las declaraciones de Irma, los agentes ministeriales lograron ubicar el sitio de inhumación clandestina donde se halló el cuerpo de la menor. Ambos, Irma y Martín Gerardo, fueron detenidos y terminaron confesando el crimen durante el proceso de investigación.
El caso fue presentado ante un juez de Control, quien dictó la vinculación a proceso del acusado. Después de cubrir todas las etapas del sistema penal acusatorio, se realizó un juicio oral en el que se determinó su culpabilidad y se emitió la sentencia, que incluye además dos pagos por concepto de reparación del daño para los familiares de la víctima.
En el caso de Irma “N”, el Tribunal determinó que ella había actuado bajo amenazas y violencia de parte de Martín Gerardo, por lo que fue considerada víctima indirecta del delito. Ante esto, el juez ordenó su liberación y le otorgó medidas de protección y apoyo.