El abogado del rector de la Universidad de Morelos, dijo que esperan que un juez otorgue suspensión provisional, para impedir su detención.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma de Morelos, tramitó un amparo con el que busca evitar su detención, un día después de que se informara que un juez liberó una orden para capturarlo, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
El amparo también busca impedir que su esposa, María Elena Ávila Guerrero, sea detenida.
El abogado del rector, César Ricardo García Bravo, dijo que al tramitar el amparo, su objetivo es que hoy el juez otorgue una suspensión provisional, con lo que ni el rector ni su esposa podrían ser detenidos, ya que el delito por el que se les acusa, apuntó, no amerita prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con García Bravo, si el juez no concede la suspensión, entonces el rector y su esposa se presentarían ante el juzgado, para responder a las acusaciones.
El sábado pasado se informó sobre la orden de captura, y sobre un cateo en el domicilio del rector, en el municipio de Emiliano Zapata, sin que ubicaran ahí a Vera Jiménez.
El fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, informó que la búsqueda de Vera Jiménez atiende a delitos de hechos de corrupción “que se trata de otra parte de lo que se ha llamado la gran estafa”.
El caso se remite a mayo de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó un convenio con la UAEM por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores en el interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.
La universidad morelense subcontrató a su vez a cinco empresas —a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos, una de las cuales resultó ser la cuestionada Dumago Systems—, y presentó las facturas a la Sedesol por un servicio que no se realizó. La UAEM recibió 416 millones de pesos, casi 60% del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre.
En este contexto, Salazar Núñez afirmó que desde hace seis meses recibió un escrito con denuncias de hechos y una vez investigadas se acumularon otros datos que pueden ser consecutivos del delito de enriquecimiento ilícito.
Una vez integrada la carpeta de investigación, se judicializó y se solicitó a un juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, dar la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.
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