Cerca de 10 mil familias fueron obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios; acción que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios
El gobierno del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque este viernes por su mala gestión de los subsidios para las familias.
Según, detalló la emisora nacional NOS, Rutte informará al rey Guillermo Alejandro la decisión y ofrecerá una conferencia de prensa más tarde.
En detalle, la decisión se produce tras una investigación parlamentaria de un mes atrás que encontró que burócratas del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.
De acuerdo con el reporte de la investigación, cerca de 10 mil familias fueron obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios; acción que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios.
El informe apunta que los primeros casos se remontan a 2014. En ese entonces, las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos.
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Además, los acusaban de fraude fiscal, y les pedían justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Por lo que indican las pesquisas, estas acusaciones se hicieron sin fundamento alguno. También se identificó que la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados.
De hecho, se demostró que principalmente familias de origen extranjero habían sido objetivo de esta medida. También se halló que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado ilegal por discriminatorio. Por lo que se sabe, estas prácticas continuaron durante años, incluso hasta estos días.
Cabe destacar que Eva González Pérez, una abogada de origen español, fue quien levantó la voz en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional.
Según denunció, su marido, quien dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven, se vio directamente afectado por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagaban con las ayudas estatales su asistencia.
Como abogada social, decidió ayudar a los padres afectados, quienes recurrieron a ella desesperados. Acusaron que, por más que enviaban documentos de respaldo de sus gastos y justificaban su necesidad de recibir esta subvención, las autoridades fiscales mantenían bloqueada la asignación.
Señalaban que los mantenían en espera durante años, y también les pedían devolver lo recibido en plazos de tiempo insostenibles.
Actualmente, muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido.
El gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30 mil euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo. Sin embargo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.
El caso estalló públicamente en septiembre de 2018, y provocó la renuncia de secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial.
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CAB
