Durante la audiencia de vinculación a proceso de Rosario “N”, la Fiscalía General de la República ventiló que en 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó más de 600 millones de pesos para la realización de una serie de spots de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los cuales nunca se realizaron.
Basada en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR abrió carpetas de investigación contra exfuncionarios de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por supuestos desvíos de recursos.
Los convenios investigados por la FGR, presentados ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo, fueron firmados por Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fue jefe de Oficina y hombre de confianza de “Rosario “N”, con Radio y Televisión de Hidalgo.
Sosamontes, quien apenas tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión, signó un convenio por 601 millones 658 mil 806.54 pesos por la transmisión de ocho mil spots de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Según la ASF y los fiscales del caso, Radio y Televisión de Hidalgo recibió dicha cantidad y la transfirió a 27 proveedores que presuntamente son empresas fachada.
La Fiscalía expuso que la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo fueron denunciados por los convenios realizados para diseñar la estrategia, creatividad, producción y difusión en medios; el planteamiento conceptual base para diseño y edición de materiales en audio, en video y gráfico y la edición de piezas de comunicación de la Cruzada.
Carlos Becerril Vargas, exfuncionario de Radio y Televisión de Hidalgo, se encuentra en prisión preventiva por su presunta relación con el esquema de corrupción y desvíos operado desde la Sedesol y revelado por la ASF.
En otro contrato —Rosario “N” ya era titular de la Sedatu— con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social se pagaron 450 millones 60 mil 692 pesos para la producción de estrategias de comunicación.
La madrugada del martes, para vincular a proceso a Rosario “N”, el juez argumentó que toda persona sabe lo que hace y “sabía que, al no dar aviso o no evitar la suscripción de convenios en las mismas condiciones, continuaría un daño al patrimonio de las dependencias a las que representó”.
