La Comisión de Receso de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió en trámite una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por la aprobación del acuerdo que aplaza temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las ministras que presiden la Comisión de Receso, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, concedieron la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal.
“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, enuncia una notificación publicada este lunes.
Sin embargo, las ministras no aclararon cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada, como sucedió la semana pasada, cuando admitieron la controversia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y ordenaron que el INE retomara el proceso de revocación de mandato.
“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión”, determinó la Corte el pasado 22 de diciembre.
De acuerdo con la Comisión de Receso, será hasta enero cuando la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados será turnada a alguno de los 11 ministros del máximo tribunal del país. Y además, se definirá si se le da el carácter de prioritaria.
“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, afirmó la semana pasada el máximo tribunal del país.
El miércoles pasado, la misma Comisión de Receso de la SCJN concedió la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo con el que pretendía posponer los trabajos de la eventual consulta de revocación de mandato. Con eso, se admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados.
La suspensión otorgada a la Cámara Baja implica que el órgano electoral deberá continuar con el proceso de revocación de mandato pero no obliga al Instituto a que termine el procedimiento sólo con los recursos que le fueron asignados en el PEF 2022. De este modo, la Corte indica al INE que no puede detener el procedimiento, sino que la Ley establece que se deberán realizar los ajustes presupuestarios necesarios para que pueda llevar a cabo la consulta.
El INE aprobó el viernes 17 de diciembre posponer de manera temporal la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, argumentando insuficiencia presupuestal para su realización.
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En respuesta, la Cámara de Diputados denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a seis consejeros del INE por la presunta comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad tras haber decidido posponer la consulta de revocación de mandato.
La denuncia fue realizada por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
El domingo, los consejeros del INE acusaron que Gutiérrez Luna encabeza una persecución política contra ellos.
“Es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, indica el posicionamiento de los consejeros del INE.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia matutina de este lunes que los consejeros del INE “cometieron un error” al frenar el proceso de revocación de mandato, hizo un llamado a “no penalizar nada”, luego de la denuncia que interpuso Morena, y recordó que será la Suprema Corte la que resuelva la controversia.
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CAB
