La Sección Instructora determinó que los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión librada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Sala determinó que el mandatario goza de fuero constitucional y que el Congreso Local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, la cual acordó retirar la inmunidad al gobernador.
El fallo sienta un precedente que será aplicado en casos futuros, porque se estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador no son vinculantes para los congresos locales.
Por esta razón, los ministros declararon fundas las dos controversias constitucionales interpuestas por el Congreso estatal contra actos que ejercieron la Cámara de Diputados y la FGR. El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador solo para que pueda ser procesado por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos.
La Sección Instructora determinó que los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados. Sin embargo, el congreso local se negó a homologar la decisión.
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Por su parte, la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su probable responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero.
El mandamiento judicial fue otorgado por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández.Tras esta situación, el gobernador tamaulipeco se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que impidió su detención.
El juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, señaló en su resolución que se violaron los derechos del gobernador porque estaban en curso las controversias constitucionales donde se debía resolver el tema sobre su inmunidad.
El juzgador aseguró que eligió “por proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”.
Dejó claro que su sentencia no implicaba favorecer la impunidad; puntualizó que la decisión de la Legislatura de Tamaulipas, de no homologar la decisión de la Cámara de Diputados, protege al titular del Ejecutivo local.
A su vez, la legislatura estatal saliente, de mayoría panista, aprobó el 24 de junio 2021 las reformas para evitar que los nuevos integrantes del congreso, que serán en su mayoría de Morena, puedan autorizar el desafuero del mandatario local.
Por este motivo, modificaron el artículo 84 de la constitución estatal y el 44 de la Ley de Servidores Públicos, donde se establece que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.
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