La Suprema Corte determinó que la Presidencia debe entregar información de 15 oficios con nombres y adscripciones de altos mandos de la Marina.
En una decisión tomada por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la Presidencia de la República deberá entregar la información contenida en 15 oficios de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), los cuales incluyen nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes.
Los ministros coincidieron en que los datos solicitados ya fueron divulgados públicamente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y que, por tanto, no constituyen un riesgo nuevo para la seguridad nacional. La información incluye además reportes sobre adiestramiento y capacitación en maniobras navales multinacionales.
Este caso marcó la primera vez que la ministra María Estela Ríos González se declaró impedida de participar en un asunto, debido a su papel previo como consejera jurídica de la Presidencia. Fue precisamente esa instancia la que interpuso el recurso de revisión contra la resolución del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitida en junio de 2022, que ordenaba entregar los documentos.
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La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, recordó que la información en cuestión ya había sido difundida:
“En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible: Toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades. (…) Es sumamente difícil visualizar cómo la entrega oficial de estos documentos que en esencia se replican datos ya conocidos podría por sí misma configurar un riesgo real demostrable e identificable para la seguridad nacional que no existiera ya desde el momento mismo de su divulgación original”, expresó.
Por su parte, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, puntualizó que la entrega de la información solo deberá restringirse en aquellos casos donde sí exista riesgo para la seguridad nacional.
“Entonces sobre esa base yo quisiera sugerir que se ponga poco más de énfasis en el proyecto, que queda bajo la responsabilidad del funcionario, que ahora es el secretario particular de la Presidencia, que él valore cuál de esa información efectivamente ya es pública; porque estamos frente a supuestos, otros suponemos que la información es pública, pero hasta que no logremos hacer un contraste entre el oficio y la información pública no tendremos una certeza plena de que efectivamente es pública”, señaló.
Finalmente, la resolución indica que toda información que aún no haya sido divulgada deberá ser protegida mediante testado, para evitar cualquier afectación a la seguridad nacional.
