A inicios de septiembre, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo en México.
La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que trabaja en la liberación de mujeres procesadas o sentenciadas que hayan abortado o personas que hayan participado en esta práctica, derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo.
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo.
“Asimismo a quienes hayan sido participes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación”, se destacó en un comunicado donde no se precisó el número de mujeres que podrían ser liberadas.
Dicho proceso se deriva de la resolución del 7 de septiembre de 2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la extinta Procuraduría General de la República.
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En ella, se resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Cabe recalcar que fue este siete de septiembre cuando la SCJN emitió la resolución en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, se fijó jurisprudencia y el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales.
La institución se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar cargos legales.
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CAB
