La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que es válido el seguro de desempleo que ofrecerá la CDMX
En un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que es válido el seguro de desempleo que ofrecerá la Ciudad de México y que se contempla en la Constitución local, siempre y cuando se cubra en su totalidad con recursos públicos capitalinos y no se cobren cuotas a trabajadores o patrones.
Así, el máximo tribunal declaró constitucional el artículo que establece la creación de “un seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad productiva”.
El ministro Javier Laynez explicó que, en su caso, “si a la hora de establecer el seguro de desempleo una legislación pretende que es una potencialización del derecho a la seguridad social, pero altera las aportaciones de trabajadores o patrones, lógicamente es inconstitucional».
Por otra parte, este lunes el pleno de la SCJN eliminó, por mayoría calificada, diversas porciones de los artículos de la Constitución capitalina relacionados con procuración de justicia, ejecución de penas y justicia para adolescentes, pues son de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Sin embargo, la Corte concluyó que el Constituyente de la CDMX no invadió la competencia federal al legislar sobre el tema de ciencia y tecnología, pues se trata de una materia que no solo compete al Gobierno Federal, sino también a todas las entidades federativas.
Los ministros consideraron, además, que es constitucional que en la Constitución de la Ciudad de México se prevean facultades para el Fiscal General de la Ciudad que le faciliten la coordinación entre autoridades y una mejor implementación del nuevo sistema de justicia penal.
La validez de la revocación de mandato, contemplada en la Constitución capitalina, será revisada este martes por el pleno de la SCJN, luego de que esta semana los ministros continúan con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH.
El ministro Javier Laynez propone en su proyecto de sentencia validar dicha figura, pues, a su parecer, «la revocación de mandato es una forma de democracia directa». Este planteamiento será debatido por sus compañeros.
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