El documento señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos simulados».
Aun con el desapruebo del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó este martes el dictamen para combatir a las empresas fantasmas. Se estableció que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas son meritorias de prisión preventiva oficiosa.
Dicho dictamen se aprobó en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 66 favor y 45 en contra.
Ante la inconformidad del sector empresarial, quienes señalan que dicha iniciativa «criminaliza» a los contribuyentes, el líder de la bancada de Morena afirmó que el dictamen no establece “un terrorismo fiscal”.
Asimismo, explicó que la iniciativa no está orientada a la generalidad de la población contribuyente, sino a aquellos que usan facturas falsas y aquellos que perjudican al fisco.
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