Con una mayoría abrumadora, el Senado mexicano avaló la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, con votos conjuntos de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano
En un movimiento legislativo poco habitual por la convergencia de fuerzas políticas tradicionalmente opuestas, el Senado de la República aprobó por mayoría la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, un documento rector que define el rumbo de la política de seguridad en México para los próximos seis años. La votación, que cerró el actual periodo ordinario de sesiones, se saldó con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Lo que llamó la atención del pleno fue la coincidencia entre bancadas normalmente enfrentadas: Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) unieron fuerzas para respaldar el dictamen. El único grupo parlamentario que se manifestó en contra fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que expresó reservas sobre la efectividad del planteamiento.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública —que ahora será remitida al Ejecutivo Federal— traza los ejes de acción, objetivos y lineamientos para el combate al crimen y la construcción de la paz. El documento busca dar continuidad a la política de seguridad iniciada en 2018, en la cual se ha hecho énfasis en la prevención y en un enfoque de atención a las causas de la violencia.
El senador Gerardo Fernández Noroña informó que antes del debate en el pleno, se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Comisión de Seguridad Pública y la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Con ello, aseguró, se cumplió con lo establecido por el artículo 76 de la Constitución, así como con el acuerdo aprobado por el Senado el pasado 24 de abril.
La estrategia está organizada en torno a cuatro ejes fundamentales: la atención a las causas estructurales de la violencia; la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública civil; el fortalecimiento de la inteligencia y las capacidades de investigación; y una coordinación integral entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales y municipales.
Cada uno de estos pilares está diseñado para atacar diversas dimensiones del fenómeno delictivo: desde la erradicación de factores sociales que fomentan la criminalidad, hasta el desmantelamiento de grupos armados a través de inteligencia táctica y operativa. Además, el plan destaca la importancia del uso de tecnologías avanzadas para prevenir y detectar delitos de manera oportuna, con especial atención en las redes criminales organizadas.
“La construcción de la paz no se logra únicamente con la persecución del delito”, sostiene el dictamen aprobado, que también hace hincapié en la recuperación de espacios públicos, el acceso a la educación y el empleo digno como medidas fundamentales para restablecer el tejido social.
El documento también subraya que la implementación del nuevo modelo de seguridad será respetuosa de la soberanía de los gobiernos locales y de los derechos humanos. Se busca crear sinergias entre los distintos niveles de gobierno, garantizando una coordinación efectiva sin menoscabo de la autonomía estatal.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo enfoque es la promoción de políticas públicas orientadas a la cohesión social. El objetivo final, según se establece, es lograr un México más justo, libre de violencia y con instituciones fortalecidas que inspiren confianza ciudadana.
Aunque el consenso fue amplio, la oposición del PRI no pasó desapercibida. Legisladores priistas argumentaron que el modelo vigente no ha logrado reducir sustancialmente la inseguridad en el país y que continuar con la misma ruta podría resultar en una repetición de los errores del pasado.
Pese a esas críticas, la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad representa un paso decisivo para el gobierno federal, que ahora deberá transformar esta hoja de ruta en acciones concretas en el terreno. Con este nuevo marco, las autoridades se comprometen a implementar un sistema de seguridad más eficaz, preventivo y respetuoso de los derechos humanos, enfocado no solo en reducir cifras delictivas, sino también en mejorar las condiciones sociales que permiten que la violencia se reproduzca.
