El Senado de Argentina revirtió el veto de Javier Milei a la ley de discapacidad y garantizó recursos hasta 2027, en medio de un clima político tenso
En un hecho sin precedentes para el actual gobierno, el Senado argentino anuló este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para el área de discapacidad, lo que asegura recursos hasta diciembre de 2027. La medida fue respaldada por 63 legisladores contra 7, tras un rechazo previo de la Cámara de Diputados en agosto.
La norma había sido aprobada originalmente en julio y declara la emergencia en materia de discapacidad. Entre sus disposiciones, contempla la regularización de pagos atrasados a prestadores de servicios de salud y modifica el cálculo de las pensiones. Además, establece la continuidad de los programas de apoyo para personas con discapacidad durante los próximos tres años.
La votación se desarrolló en un contexto marcado por sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un escándalo judicial que involucra al entorno cercano del mandatario y que ha golpeado su imagen pública.
Mientras en el Congreso se debatía el tema, decenas de personas con discapacidad y trabajadores de la salud se concentraron afuera para respaldar la decisión legislativa. “Me produce mucha felicidad, como laburantes (trabajadores) pero también para que la persona con discapacidad pueda vivir como corresponde”, expresó Trinidad Freiberg, musicoterapeuta de 23 años.
Milei había advertido con anterioridad que, si el veto era rechazado, llevaría el caso a la justicia. “Supongamos que me rechazan el veto, bueno, yo eso lo voy a judicializar, no va a tener efecto en el gasto público”, afirmó en una entrevista en agosto. El argumento del mandatario se sustentó en el riesgo que, a su juicio, la medida implicaba para el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto fiscal mucho menor, entre 0.22 y 0.42 por ciento del PIB.
El debate legislativo estuvo atravesado por acusaciones de la oposición hacia Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, señalada en audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, de haber recibido supuestos sobornos del 3% en la compra de medicamentos. Aunque el presidente calificó los señalamientos de “mentiras” y denunció “espionaje”, los cuestionamientos persisten.
“Para tapar un hecho de corrupción van con una estrategia mediática y judicial (…) Nada de Karina, el jefe de la banda es el hermano”, afirmó el senador opositor José Mayans. En contraste, legisladores oficialistas defendieron la postura presidencial y acusaron a la oposición de intentar desestabilizar al gobierno.
La decisión del Senado, sumada al escándalo en torno a la Andis, se produce en un momento crítico para el Ejecutivo, con elecciones legislativas previstas para octubre y un clima financiero presionado por la volatilidad del dólar, que obligó al Tesoro a intervenir en el mercado cambiario.
