El Senado aprobó que la CURP biométrica, que incluye huellas dactilares y fotografía, sea el documento nacional de identidad con uso obligatorio en todo México
En sesión plenaria, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Población para establecer la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como el documento nacional de identificación oficial en México. Esta modificación forma parte de un paquete legislativo que también aborda la desaparición forzada, e implica que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la responsable de integrar los datos biométricos.
La nueva CURP incluirá fotografía y huellas dactilares, convirtiéndose en la fuente única y universal de identidad para todas las personas. Su uso será obligatorio en todo el territorio nacional y deberá ser aceptada por cualquier entidad pública o privada al momento de realizar trámites y prestar servicios, ya sea en formato digital o físico.
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La aprobación se dio con 69 votos a favor principalmente de Morena, Partido Verde y PT; 28 en contra de PAN y PRI, y 5 abstenciones de Movimiento Ciudadano.
La directora general de la Segob tendrá a su cargo el manejo de estos datos, siempre respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como de particulares.
En el marco de la misma sesión, el Senado también avaló una reforma en materia de desaparición forzada con 89 votos a favor, en la que se busca optimizar la coordinación entre fiscalías, mejorar el intercambio de información y crear mecanismos más eficientes para la búsqueda y localización de personas.
Entre los cambios legislativos destaca la incorporación de la Plataforma Única de Identidad, que facilitará la vinculación de la CURP biométrica con registros como el Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros sistemas administrativos. Esto permitirá realizar búsquedas continuas y precisas para detectar casos de desaparición y activar respuestas inmediatas por parte de las autoridades.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, señaló que estas reformas “fortalecen el papel de las fiscalías especializadas, precisan obligaciones para las autoridades y mejoran la coordinación institucional”.
Asimismo, se estableció la obligación para autoridades y particulares que tengan datos biométricos de facilitar el acceso a las fiscalías, al Centro Nacional de Inteligencia y a otras instancias vinculadas a la seguridad y búsqueda de personas.
También se incluye la creación de la Ficha de Búsqueda, que deberá emitirse en formatos físicos y digitales con los datos esenciales de quienes se reporten como desaparecidos o no localizados. Esta ficha será vinculada al RENAPO para activar alertas y búsquedas mediante la Plataforma Única de Identidad.
El documento regula que antes de disponer de restos humanos no identificados, las autoridades deberán realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas y registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días.
Finalmente, se fortalecen las fiscalías especializadas, que contarán con personal certificado para la investigación de desapariciones y se consolidan bases de datos interconectadas para agilizar la colaboración entre los órganos de justicia y seguridad.
