De acuerdo a la denuncia, no se tiene en claro si las mujeres migrantes habían dado su consentimiento informado a las operaciones.
Un centro de detención de inmigrantes en Georgia está siendo investigada luego de que una enfermera que laboraba en el sitio, denunció que médicos realizaron histerectomías cuestionables, además de negarse a hacer pruebas de COVID-19 a los detenidos y destruir documentos médicos.
La demanda presentada al organismo de asuntos internos del Departamento de Seguridad Nacional se basa en la declaración de Dawn Wooten, que trabajó a tiempo completo como enfermera titulada en el Centro de Detención del Condado Irwin hasta julio, cuando fue degradada a personal eventual.
Wooten describió a un ginecólogo que trabajaba fuera del centro como “el coleccionista de úteros”.
“Toda la gente a la que ve recibe una histerectomía… casi todo el mundo”, dijo Wooten. “Incluso ha extirpado el ovario equivocado de una joven”.
La enfermera no tenía claro si las mujeres habían dado su consentimiento informado a las operaciones. Las enfermeras expresaron sus reservas al médico, que no aparecía identificado por su nombre en el documento.
“Estas mujeres inmigrantes, no creo que comprendan de verdad, del todo, por completo que esto es lo que va a ocurrir, dependiendo de quién se lo explique”, dijo la enfermera, según las declaraciones citadas en la denuncia.
El centro en Ocilla, unos 320 kilómetros al sur de Atlanta, retiene a hombres y mujeres detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), así como presos del Servicio Federal de Alguaciles y el condado Irwin.
El ICE dijo que no hacía comentarios sobre cuestiones planteadas al inspector general, pero que se tomaba las acusaciones con seriedad.
“Dicho eso, en general, las acusaciones anónimas sin pruebas, hechas sin ningún detalle específico comprobable, deben tomarse con el escepticismo apropiado que merecen”, indicó la agencia en un comunicado.
Aunque la denuncia de 28 páginas presentada por el grupo activista Project South recoge amplios testimonios de detenidos no identificados, también incluye detalladas declaraciones de Wooten.
El documento indicó que Wooten fue degradada tras faltar al trabajo por síntomas de coronavirus. Ella consideraba el cambio de sus condiciones laborales como una represalia por cuestionar cómo se estaba gestionando el COVID-19 en el centro.
Wooten dijo que el número de detenidos infectados era mucho mayor al reportado porque no había un esfuerzo activo de hacer pruebas y no todos los casos se reportaban.
Si un interno decía tener fiebre, las enfermeras les daban un medicamento sin receta para el resfriado durante siete días sin hacerles la prueba de COVID-19, dijo.
Wooten dijo que el centro había rechazado utilizar dos máquinas de pruebas rápidas de COVID-19, adquiridas por el ICE por 14 mil dólares cada una. No se enseñó al personal médico a utilizarlas, y ella dijo haberlas visto en uso una sola vez.
Con información de AP
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