Claudia Sheinbaum anunció que demandará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación y reiteró que su gobierno no dialoga con defensores de narcotraficantes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes 14 de julio que su gobierno interpondrá una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La mandataria explicó que será la Consejería Jurídica la instancia encargada de presentar la denuncia, subrayando que este tipo de declaraciones no pueden ser ignoradas.
Durante su posicionamiento, Sheinbaum enfatizó que su administración no mantiene tratos con defensores de narcotraficantes y que los resultados de su gobierno se demuestran con acciones concretas. “No voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante. Nosotros hacemos nuestro trabajo, no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie”, declaró la presidenta.
Las declaraciones de Lichtman surgieron luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable en una corte de Chicago, donde enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas y delitos vinculados al crimen organizado. En este contexto, el abogado criticó al gobierno mexicano y desestimó las intenciones de las autoridades de participar en el proceso legal de su cliente.
El litigante sostuvo que las acciones de la administración de Sheinbaum eran ilógicas y expresó de manera directa: “la presidenta actúa más como un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que el pueblo mexicano se merece”. Estas palabras generaron la respuesta de la presidenta, quien calificó las acusaciones como infundadas y señaló que no permitirá que se difame al gobierno federal sin consecuencias legales.
La demanda anunciada por Sheinbaum se produce en un contexto en el que la mandataria ha reiterado su compromiso de combatir la impunidad y mantener una política de seguridad que no implique acuerdos con grupos criminales. La decisión también se enmarca en los esfuerzos del gobierno mexicano por marcar distancia con señalamientos que buscan desprestigiar la labor de las autoridades en el combate al narcotráfico y al crimen organizado en el país.
