La propuesta presentada ante la Cámara de Diputados tiene como objetivo establecer nuevas secretarías, incluyendo una de Anticorrupción y Buen Gobierno, que reemplazaría al INAI.
El 30 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recibió la propuesta de reforma del presidente para reestructurar la administración pública federal, la cual incluye la creación de las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En el análisis de la propuesta, se señala que “incrementar la seguridad pública en México es un desafío complicado que demanda un enfoque multidimensional” y que “el crimen organizado causa un impacto devastador en la sociedad mexicana”.
Se menciona que este impacto se manifiesta en violencia debido a la confrontación entre grupos criminales y las fuerzas del orden; además, se admite que “la inseguridad influye negativamente en la inversión y el desarrollo económico, sobre todo en áreas dominadas por el crimen organizado”.
También se sugiere que “la infiltración de grupos criminales en las instituciones socava el estado de derecho y la confianza del público en el gobierno”.
La propuesta señala que todo lo mencionado “subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos para mejorar la seguridad pública en todo el territorio nacional”.
Se aclara que, a pesar de los avances en la mejora de la seguridad, la Secretaría correspondiente “aún tiene oportunidades de mejora en áreas como la prevención del delito y la Seguridad Nacional”, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la capacitación, la profesionalización, la colaboración interinstitucional y la implementación de tecnología e innovación.
Se enfatiza que “la mejora de la seguridad pública en México es una obligación que el Estado tiene hacia la ciudadanía”.
Te podría interesar: Sheinbaum ha confirmado su asistencia a la cumbre del G20 en Brasil
El proyecto también aborda la necesidad de promover la llamada gobernanza digital y de actualizar el servicio nacional de identificación personal mediante “el uso de nuevas herramientas tecnológicas”.
Uno de los cambios propuestos consiste en adscribir el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), que es un órgano administrativo desconcentrado encargado de documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación “con el propósito de facilitar su ámbito de actuación”.
También se establece que esta secretaría tendrá la responsabilidad de asesorar al Ejecutivo Federal en la selección de los miembros del Poder Judicial.
En relación con las Relaciones Exteriores, se señala que, en el caso de los mexicanos que residen en Estados Unidos, “hay situaciones en las que la asistencia no ha sido suficiente, por lo que es necesario fortalecerla”.
Además, se define como uno de los objetivos de la cancillería que “México debe desempeñar un papel activo” en el ámbito internacional.
Sobre la transformación de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se explica que esta nueva visión abarca la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, “lo que pone un mayor énfasis en los procesos y controles que se llevarán a cabo para asegurar la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, elementos clave para garantizar la confianza ciudadana y fomentar un gobierno más ético y responsable que dignifique la carrera del servicio público”.
En cuanto a la creación de la Agencia Digital, se argumenta que “es fundamental actualizar el marco jurídico nacional para transformar la vida pública del país, así como para reconocer los nuevos derechos digitales de las personas y proporcionarles las herramientas necesarias para ejercerlos de manera rápida y sencilla”.
