La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no ve viable una reducción de la sentencia contra Genaro García Luna en EU y recordó que enfrenta procesos pendientes en México
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no considera factible que autoridades estadounidenses reduzcan la sentencia impuesta a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, quien cumple una condena de 38 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable de cinco cargos, la mayoría relacionados con narcotráfico.
La mandataria se refirió a la reciente apelación presentada por la defensa del exfuncionario, la cual argumenta presuntas violaciones al debido proceso, el uso de información incorrecta y una pena desproporcionada. No obstante, Sheinbaum recordó que el propio gobierno de Estados Unidos ha documentado el caso como uno emblemático de corrupción al más alto nivel dentro del gabinete de seguridad mexicano.
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“Él tiene derecho como cualquier ciudadano, sin embargo, no creo que haya esta opción, el propio gobierno de los Estados Unidos, se acuerdan cuando entró el presidente Trump puso en un documento de la Casa Blanca el caso de García Luna en el caso de alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narco”, afirmó la presidenta.
Sheinbaum subrayó que, incluso en el escenario de una eventual reducción de la pena en Estados Unidos, García Luna enfrenta procesos judiciales pendientes en México. En ese contexto, señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes, por lo que el gobierno mexicano solicitaría su extradición para que enfrente las acusaciones correspondientes.
“No creo que haya una salida en ese sentido, no creo que ocurra, pero de todas maneras aquí tiene órdenes de aprehensión”, sostuvo.
De acuerdo con información oficial, en México el exsecretario cuenta con tres órdenes de captura otorgadas a la Fiscalía General de la República. Las acusaciones incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como la introducción ilegal de armamento al país en el marco del operativo conocido como Rápido y Furioso.
En paralelo, la defensa legal de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un documento en el que solicita anular el juicio y reabrir el caso. En el recurso, los abogados sostienen que se dio validez a testimonios sin credibilidad y que se incurrió en diversas irregularidades procesales.
Entre los señalamientos destaca el testimonio de Francisco Cañedo Zavaleta, exagente de la Secretaría de Seguridad Pública, quien afirmó que García Luna fue secuestrado en 2008 por el cártel de los Beltrán Leyva. La defensa sostiene que dicha versión es falsa y que existen pruebas y declaraciones que la contradicen, además de cuestionar otros testimonios utilizados por la fiscalía.
Finalmente, en el documento de apelación se argumenta que la condena impuesta carece de sustento suficiente. “La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente no razonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia”, señalaron los abogados.
