Singapur aplicará azotes judiciales a responsables de estafas digitales desde el 30 de diciembre, tras un aumento histórico de fraudes y pérdidas millonarias
El gobierno de Singapur reforzará de manera significativa su marco penal contra las estafas y fraudes financieros, al autorizar la aplicación de castigos corporales de hasta 24 azotes a quienes participen en delitos vinculados con engaños digitales. La reforma legal, aprobada recientemente por el Parlamento, entrará en vigor el próximo 30 de diciembre y busca frenar un fenómeno que las autoridades consideran una amenaza directa para la estabilidad económica y la seguridad de los ciudadanos.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la nueva legislación no sustituye las sanciones vigentes, sino que amplía su alcance. Las penas de prisión y las multas económicas continuarán aplicándose, pero ahora se suma el azote judicial como castigo obligatorio o discrecional, dependiendo del papel que cada implicado haya tenido dentro de la estructura del fraude.
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La reforma contempla sanciones de entre seis y 24 latigazos para estafadores, reclutadores y miembros de redes criminales organizadas. En el caso de personas que faciliten cuentas bancarias, tarjetas SIM o datos personales para el movimiento de recursos ilícitos, la pena corporal podrá llegar hasta los 12 azotes, además de otras sanciones penales.
Las autoridades singapurenses justifican el endurecimiento legal como una respuesta a la rápida evolución de los delitos financieros, impulsados por el uso intensivo de plataformas digitales. La ministra principal de Estado de Asuntos Internos y Exteriores, Sim Ann, informó al Parlamento que las estafas concentraron alrededor del 60 por ciento de todos los delitos denunciados en el país entre 2020 y la primera mitad de 2025.
En ese mismo periodo se documentaron cerca de 190 mil casos, con pérdidas económicas estimadas en 3 mil 700 millones de dólares singapurenses. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran el phishing, las falsas ofertas de empleo, las estafas en comercio electrónico, los fraudes de inversión y la suplantación de identidad, prácticas que en muchos casos están vinculadas a redes criminales internacionales.
El azote judicial, heredado del periodo colonial británico, consiste en golpes con una vara de ratán y solo se aplica a hombres menores de 50 años. En Singapur forma parte del catálogo de sanciones para más de 30 delitos graves y siempre se impone junto con penas de prisión o multas. Aunque organismos internacionales han cuestionado este castigo por considerarlo contrario a los derechos humanos, el gobierno sostiene que su efecto disuasivo ha sido clave. En 2024, las pérdidas por fraudes digitales alcanzaron un récord de mil 100 millones de dólares, lo que reforzó el consenso político para aplicar medidas más severas.
