El mandatario considera que no se trate de un call center, sino de un centro de operaciones ilícitas
Este lunes, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, descartó que se trate de un call center el sitio de donde desaparecieron siete jóvenes en Zapopan, esto de acuerdo con los elementos encontrados por la Fiscalía del Estado.
El mandatario estatal afirmó que la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un operativo que trabaja sin descanso con personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y de la Fiscalía estatal.
Asimismo, Alfaro Ramírez tuvo comunicación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien podría atraer el caso al existir la presunción de delitos fiscales.
Recordar que en las últimas horas la Fiscalía del Estado informó que al realizar un cateo en la primera vivienda involucrada en el caso, ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, se encontraron documentos diversos, mariguana, un trozo de tela con mancha rojiza, pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, anotaciones de membresías o tiempos compartidos, metas económicas a lograrse y una operación al margen de la ley, ya que no contaba con licencia comercial.
En el segundo cateo realizado en una finca de la calle Johannes Brahm, en la colonia La Estancia, en Zapopan, se aseguraron: documentos varios consistentes en listados de nombres y datos de contacto, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa con vegetal verde, así como un vaso de plástico también con vegetal verde, una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un rack sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras.
Este caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta, afectando con dichas transacciones a personas de la tercera edad en retiro o jubilación de nacionalidad estadounidense.
Además, se determinó que uno de los desaparecidos y el abogado que realizó las labores de arrendamiento de la finca de Jardines Vallarta tienen antecedentes de fraude.
