La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas
Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”. Tras más de un año de trámites, fue aprobada en agosto por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra y entró en vigor el pasado 7 de octubre.
La “ley del solo sí es sí” fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero, del partido Podemos, socio de gobierno del presidente Pedro Sánchez.
La titular del departamento que ha elaborado la norma considera que el machismo puede nublar “la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia” y “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.
Todo esto ha provocado la enésima discrepancia entre el Ejecutivo de Sánchez y su socio. Mientras el Ministerio de Igualdad rechaza introducir cambios en la “ley del solo sí es sí”, desde la casa presidencial de La Moncloa mantienen la puerta abierta a reformar la ley si persisten esas relecturas de los jueces.
La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres. Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
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Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.
Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.
El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.
Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.
La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.
Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos. En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.
Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.
Polémica
Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo”, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.
Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.
La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.
Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.
El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.
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CAB
