De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada año más de medio millón de armas se trafican a México desde Estados Unidos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuestionó a la empresa estadounidense Colt por sus diseños de armas, las cuales hacen alusión a grupos del crimen organizado en México.
“¿Para quiénes se diseña y publicita esta pistola automática marca Colt? Puesto de otra forma, ¿cuál es el mercado meta de esta compañía?”, preguntó Pablo Monroy Conesa, consultor jurídico de la SRE, quien también compartió, a través de Twitter, una serie de imágenes de una pistola con la leyenda “El Jefe”.
“Por eso y mucho más el Gobierno de México vía la SRE demandó a esta y otras empresas productoras de armas en Estados Unidos”, añadió Pablo Monroy
Mientras que desde su cuenta oficial, la Secretaría señaló que las armas fabricadas por empresas estadounidenses inundan las escenas del crimen en todo México. “Su tráfico ilícito y desmesurado afecta de manera directa a la seguridad de las familias mexicanas”, aseguró.
De acuerdo con la Cancillería, existen tres modelos de pistolas de la empresa Colt dirigidas al mercado mexicano: “Súper El Jefe”, “Súper El Grito” y “Emiliano Zapata 1911”, que para los criminales “son símbolo de estatus”.
Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan que cada año más de medio millón de armas se trafican a México desde Estados Unidos, por lo que consideró que las empresas que promueven esta práctica deben asumir la responsabilidad por los estragos que las armas causan en México.
El pasado 4 de agosto, el Gobierno mexicano demandó a 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses, por “emprender prácticas comerciales, negligentes e ilícitas para facilitar el tráfico de armas a México”.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que el Gobierno federal busca con esta demanda es detener el flujo de armamento ilegal que llega a México desde Estados Unidos.
“Estas compañías de armas saben perfectamente que el armamento que ellos fabrican están entre las favoritas de los Cárteles de la droga”, se lee en la demanda de 139 páginas que el Gobierno presentó ante una corte de Massachusetts
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De acuerdo con estadísticas del Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), se cree que al menos dos millones de armas de fuego han sido introducidas de Estados Unidos a México desde 2004, y la situación en cuanto a la violencia fue terrible durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero el nivel de homicidios ha sido opacado desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, en diciembre de 2018.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 se cometieron 34 mil 202 homicidios, la mayoría de ellos con armas de fuego, mientras que en 2019 la cifra aumentó a 35 mil 508 y justo cuando se creía que esas cifras serían imposibles de superar, en 2020 el número de homicidios violentos se dispararon nuevamente al registrarse 40 mil 863.
Aunque la medida tomada por el Gobierno mexicano busca revertir esas cifras, activistas, víctimas de la violencia, y líderes religiosos de diferentes partes del país consideraron aberrante esa decisión pues el problema de la violencia, dicen, va más allá que el simple tráfico de armas, y tiene un trasfondo social que implica un mayor abanico de oportunidades para la gente.
Esta no es la primera vez que México acusa a Estados Unidos por el número de armas que entran de ese país a territorio mexicano, sobre todo después del operativo fallido del ATF llamado “Rápido y Furioso”, que permitió el tráfico de al menos dos mil armas de grueso calibre de Texas a Chihuahua y Sonora, y que propició un aumento en los niveles de violencia en el país.
En el caso particular de esta nueva demanda, México buscará una indemnización por daños que será definida por el tribunal y que podría alcanzar el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, según reportó la SRE.
La exigencia se basa no sólo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.
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CAB
