La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos sobre leyes estatales que excluyen a atletas trans del deporte femenino, en un caso con posibles efectos nacionales.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio un paso relevante en el debate sobre la participación de personas transgénero en competencias deportivas escolares y universitarias, al mostrar una postura mayoritariamente favorable a las leyes que restringen su acceso a equipos femeninos. El tribunal analizó las apelaciones presentadas por los estados de Idaho y Virginia Occidental, cuyos gobiernos buscan revertir fallos previos que invalidaron dichas normas.
Durante más de tres horas de audiencia, los ministros escucharon a las partes involucradas en un litigio que podría sentar un precedente de amplio alcance para las políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas trans. Ambos estados impugnan resoluciones de tribunales inferiores que consideraron inconstitucionales las prohibiciones, al estimar que vulneran la Constitución y una ley federal contra la discriminación en el ámbito educativo. Actualmente, al menos otros 25 estados cuentan con legislaciones similares.
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La Corte, integrada por una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, ya había avalado en 2024 otras restricciones dirigidas a personas transgénero. En esta ocasión, la administración del presidente republicano Donald Trump defendió la validez de las leyes estatales. En ese contexto, el juez Brett Kavanaugh destacó el desarrollo histórico del deporte femenino al afirmar: “Obviamente, uno de los grandes éxitos de Estados Unidos en los últimos 50 años ha sido el crecimiento del deporte femenino y de niñas. Y es inspirador”.
Kavanaugh sostuvo que diversas instancias, entre ellas el gobierno federal, gobiernos estatales, la NCAA y el Comité Olímpico de Estados Unidos, consideran que permitir la participación de mujeres y niñas trans podría afectar ese avance y generar condiciones de desigualdad. En la misma línea, el procurador general de Idaho, Alan Hurst, argumentó que “la ley de Idaho clasifica según el sexo, porque el sexo es lo que importa en el deporte”, y añadió que existen ventajas físicas asociadas a factores como la masa muscular, la estructura ósea y la capacidad cardiopulmonar.
Las normas impugnadas establecen que los equipos deportivos en escuelas públicas y universidades se organicen conforme al sexo biológico, con el objetivo declarado de preservar una competencia justa y segura. Hurst afirmó que “la identidad de género no importa en los deportes” y que la legislación busca “preservar la igualdad de oportunidades para las mujeres”.
En contraste, los demandantes sostienen que estas medidas constituyen una forma de discriminación por sexo o por condición transgénero, contraria a la Enmienda 14 y al Título IX, que prohíbe la discriminación educativa “sobre la base del sexo”. Desde el Departamento de Justicia, Hashim Mooppan defendió la postura federal al señalar: “Es indiscutible que los estados pueden separar a sus equipos deportivos en función del sexo”, incluso respecto de varones biológicos que se identifican como mujeres.
El debate también abordó el impacto de tratamientos médicos, como bloqueadores de la pubertad u hormonas, en las supuestas ventajas competitivas. Kathleen Hartnett, representante legal en el caso de Idaho, sostuvo que su clienta había reducido dichas ventajas, mientras que el juez Samuel Alito planteó inquietudes sobre la oposición de algunas atletas femeninas a competir con personas trans.
Otros jueces centraron sus intervenciones en el historial de discriminación contra las personas transgénero. El magistrado Neil Gorsuch recordó que ha existido “una discriminación significativa” contra este grupo, mientras que la jueza Sonia Sotomayor afirmó que excluir a una persona del deporte femenino por ser hombre constituye “una clasificación de sexo” que requiere un escrutinio judicial intermedio.
El fallo, previsto para finales de junio, podría influir no sólo en el ámbito deportivo, sino también en otras políticas que afectan a las personas trans, como el servicio militar, el uso de baños, el entorno escolar y la expedición de documentos oficiales.
