El gobernador de Tamaulipas busca evitar la orden de captura por lavado de dinero y delincuencia organizada; el fallo de la Corte aún puede ser impugnado.
El segundo intento del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por demandar invasión de facultades al emitir una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, fracasó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó la controversia constitucional presentada por el gobernador de Tamaulipas, bajo el argumento de que no es posible que la Corte revise el conflicto planteado por García Cabeza de Vaca.
El acuerdo del ministro puede ser impugnado ante alguna de las salas de la Corte.
Con la demanda, el gobernador buscaba que la Suprema Corte revocara la orden de aprehensión librada en su contra.
¿De qué está acusado García Cabeza de Vaca?
Según esta investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gobernador García Cabeza de Vaca por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital, ni antecedentes de declaraciones fiscales denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.
Sin embargo, hay otra acusación derivada de las investigaciones realizadas con la colaboración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando el gobernador de Tamaulipas fue denunciado también por la UIF, al presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita, denuncias presentadas ante la fiscalía anticorrupción y la SEIDO de la FGR. Ante SEIDO el gobernador fue denunciado en julio de 2020 y ante la fiscalía anticorrupción, en enero de 2021.
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