Ayer, el Tribunal hizo público el proyecto de resolución relativo al recurso SUP-JDC-613/2022, a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila medidas cautelares contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a fin de que evite emitir comentarios que deriven en violencia política de género (VPG) contra diputadas federales del PRI.
Un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso emitir medidas cautelares a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por ejercer violencia política de género contra diputadas federales del PRI.
En el proyecto a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que fue publicado este miércoles, consideró que las medidas son de carácter urgente ante el temor fundado de que la gobernadora continúe emitiendo comentarios similares.
Lo anterior, a raíz de los comentarios de la mandataria estatal durante el programa “Martes del Jaguar”, en los que mencionó la presunta circulación de fotografías íntimas de las legisladores priistas.
En dicho programa, Sansores aseguró que algunas diputadas le han enviado fotos íntimas a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en el marco de la difusión de audios filtrados en contra del priista.
“Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito. Y Alito con eso las tiene y creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos”, expresó la gobernadora.
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En la denuncia, interpuesta por la diputada Paloma Sánchez, advirtió que después de estas declaraciones ha sido acosada, por lo que teme que la mandataria continúe con expresiones similares.
“La actora sostiene que tiene temor fundado respecto a que la gobernadora demandada persista en la difusión de ese tipo de expresión que desde su perspectiva vulneran su derecho al ejercicio del cargo para el que fue electa y constituyen VPG”, expone el magistrado en su proyecto.
Por ello, se propone ordenar a la gobernadora Layda Sansores que “evite emitir o realizar cualquier acto, comentario o pronunciamiento que pueda conducir a una probable acreditación de VPG en perjuicio de la actora o de las diputadas del PRI en el Congreso federal, con el fin de tutelar su derecho político a ser votadas en su vertiente de desempeño y ejercicio del cargo, así como otros derechos humanos que resulten vinculados”.
Sin embargo, el magistrado consideró que no era procedente solicitar el retiro de los programas previos de redes sociales, al señalar que están “amparados por un manto jurídico protector del periodista las cuales necesitan de una verificación reforzada”.
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CAB
