Xóchitl Gálvez no solicitó la nulidad de la elección, aunque pidió que se reconocieran las situaciones que afectaron su derecho a ser votada.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF se prepara para validar la elección de presidenta electa a Claudia Sheinbaum, tras la difusión del proyecto de calificación. El proyecto considera infundadas las quejas de la oposición, y Xóchitl Gálvez no pudo demostrar que sus derechos fueron afectados.
La Comisión Instructora de la Sala Superior del Tribunal, con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, presentó un proyecto que rechaza la demanda de Xóchitl Gálvez por “carecer de interés jurídico” y desestima la solicitud de nulidad de la elección presentada por PAN, PRD y PRI.
Los magistrados desestimaron las quejas sobre violencia generalizada, intervención de sindicatos y servidores públicos, uso electoral de programas sociales, coacción y compra de votos, omisiones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, indebida integración de la Sala Superior del TEPJF, y el actuar de la presidenta del Consejo General del INE, entre otras.
El TEPJF también concluyó que las conferencias mañaneras del presidente de la República no afectaron la elección del 2 de junio, y que no hubo intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal ni de los gobernadores denunciados.
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El proyecto detalla que Xóchitl Gálvez no solicitó la nulidad de la elección, aunque pidió que se reconocieran las situaciones que afectaron su derecho a ser votada y una amonestación pública al Ejecutivo Federal por declaraciones en su contra, lo cual fue negado. Por otro lado, PAN, PRD y PRI sí solicitaron la nulidad.
Se someterá a votación en los próximos días y se espera que Claudia Sheinbaum sea declarada presidenta electa de México a más tardar en la primera quincena de agosto.
También se aclara que Xóchitl Gálvez carece de interés jurídico y que su demanda debe desecharse, ya que no demostró ninguna afectación a sus derechos. Además, se señala que las alegaciones de violencia generalizada y uso indebido de programas sociales no están fundamentadas en pruebas sólidas.
