Nunca se supo que eficiencia terminal tuvo el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que el sexenio anterior se le encargó a la hoy segunda al frente del partido Morena, Luisa María Alcalde; cálculos generosos estimaron sólo 15 de cada 100 participantes lograban permanecer en un empleo en donde recibían por un año un subsidio gubernamental, los más realistas estimaron máximo 8%. Pero donde no hay más duda es que dicho programa no pudo evitar que los jóvenes se alejaran de las propuestas “de trabajo” de los grupos criminales como tanto prometió Andrés Manuel López Obrador.
El terrorífico testimonio del rancho de Teuchitlán ha puesto en relieve la gigantesca tragedia que se vive en muchas zonas del país, afectando sobre todo a los más pobres y con menos oportunidades de educación y empleo, en especial a los jóvenes.
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” fracasó por soberbia, dogmatismo y afán centralista: en 2019, cámaras industriales cómo las de autotransporte entonces encabezada por Enrique Muñoz o la de Construcción entonces presidida por Eduardo Ramírez, sugirieron -respetuosamente- a la Secretaría del Trabajo que dispusiera de sus centros de capacitación técnica sin mayor costo (sólo pagando la beca ofrecida a los llamados Ninis). Ello, para que las personas interesadas aprendieran mecánica, manejar camiones pesados, colocar correctamente una cimentación, ladrillos o lozas.
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Abundaron las ofertas patronales para garantizar una formación técnica enfocada al empleo. Pero Alcalde, representante del Obradorato, las rechazó argumentando que el Estado debía tutelar ese programa.
Tristemente, la gran mayoría de personas adscritas no encontró en Jóvenes Construyendo una manera firme de salir de la miseria y encontrar rutas de esperanza real. Los últimos reportes periodísticos (El Universal) y las alertas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, alertan de las maneras encubiertas en que los grupos narcoterroristas reclutaban a través de FaceBook jóvenes con promesas de salarios imposibles para su nivel de instrucción y habilidades prácticas, con falsas promesas de empleos en Estados Unidos facilitadas incluso por gobiernos municipales… o peor aún, con ofertas para sumarse abiertamente como “guardaespaldas” y/o sicarios.
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El documento que póstumamente publicó el gran Alejandro Hoppe, Gian María Campedelli y Raúl Prieto-Curiel bajo el título “Después de los Abrazos y los Balazos” (Revista Nexos), demuestra estadísticamente que la larguísima guerra entre los mismos grupos narcoterroristas así como su enfrentamiento con fuerzas federales sólo se ha podido sostener a partir de una leva inclemente, engaños y encierros brutales que, a la luz de Teuchitlán, se han sostenido durante 18 años consecutivos… pero nunca como en el pasado sexenio.
La conclusión del documento de análisis demuestra que los grupos criminales, en su necesidad de “carne de cañón”, en 2022 ya eran, como “NarcoTrust”, el quinto empleador más importante del país al enrolar 350 personas a la semana.
La pobreza no fue resulta por los dispendiosos y desorganizados programas sociales del Obradorato cuando se habrían enfocado estimativamente 6 billones de pesos; ello no evitó -y al parecer no podrán en el actual sexenio- evitar que las personas más pobres sean reclutadas como salvaje soldadesca por su desesperada condición.
Moyá, a la olla
La Fiscalía General de Justicia CDMX no dará marcha atrás a las acusaciones contra José Luis Moyá Moyá, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los movimientos bancarios millonarios atribuibles a sus familiares. Actualmente Moyá Moyá está recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur como medida cautelar, desde donde inventó que sufría tortura y así presionar a las autoridades capitalinas. Al no acreditar sus acusaciones, el destino de ese personaje es comparecer por delitos fiscales en sus finanzas personales.
Recordemos que Isabel Miranda de Wallace (QEPD) también lo denunció por extorsión y difamación, además de que su amigo Óscar Guerra, ex comisionado del INAI, quien renunció por el escándalo de financiar vicios privados con recurso públicos.
Que José Luis Moyá se vaya acomodando en uno de los penales más eficientes del Sistema Penitenciario de la CDMX.
Consolidación GACM-GAM
Hace una semana les presenté una entrevista que amablemente otorgó a nuestros lectores, el Almirante Juan José Padilla Olmos quien comentó el proceso de fusión de las paraestatales Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM): al concretarse el proceso, hay que precisar, el AICM bajo el nombre comercial de Grupo Aeroportuario Marina, fungirá como concesionario y operador del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX, y como titular de las asignaciones de los aeropuertos internacionales de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros y en nacional de Colima; asimismo, ejercerá su participación accionaria en los aeropuertos internacionales de Toluca (25%) y Cuernavaca (49%).
Como parte de ello se realiza la reestructura organizacional de la empresa fusionante, en la cual los aeropuertos concesionados y/o asignados se visualizan como unidades de negocio, mientras en los aeropuertos con participación accionaria se consideran un rol activo en materia corporativa.
Ya les platico.
Cachan complot vs Defina
En un giro inesperado de acontecimientos, llegó a las manos de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez un documento crucial que podría cambiar el rumbo de la lucha interna dentro del gabinete estatal. Según trasdendió, detrás de los ataques sistemáticos a su colaborador más cercano, el secretario de Finanzas Óscar Flores, se cuaja una estrategia meticulosamente planeada y ejecutada por personeros del Grupo Texcoco.
Conforme a dicho documento, nos cuentan, la conspiración apunta directamente a José Cosmares, en coordinación con el actual presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, y el veterano Higinio Martínez para debilitar a Flores y, por ende, a la Gobernadora.
En esa causa también estarían involucrados varios diputados, entre ellos destacan María José y Elena García, quienes, serían piezas clave para lanzar posicionamientos públicos que minen la imagen y la credibilidad del secretario de Finanzas.
Por Mauricio Flores
@mfloresarellano
floresarellanomauricio@gmail.com
Esta columna va con todo y columnista a Guerrero Negro… y de regreso les cuenta que como va Exportadora de Sal.
