Redacción.- Tijuana a 06 de abril del 2026. En Tijuana, el desorden urbano ya no puede explicarse solamente como torpeza administrativa, rezago técnico o lentitud burocrática. Esa versión, aunque cómoda para el discurso oficial, empieza a quedarse peligrosamente corta frente a lo que distintos actores del sector urbano vienen señalando desde hace tiempo. Lo que hoy se perfila es una sospecha mucho más grave: la falta de actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, junto con la ausencia de reglamentos claros y normas completas, habría creado un terreno fértil para la discrecionalidad y, presuntamente, para cobros ilegales en trámites que deberían resolverse con reglas públicas, transparentes y parejas para todos.
El problema no es solo que la ciudad crezca mal. El problema es que, en medio de esa ambigüedad, todo indica que alguien estaría ganando.
La ciudad lleva años arrastrando un modelo de crecimiento desordenado: fraccionamientos sin lógica integral, zonas saturadas, infraestructura rebasada, servicios públicos insuficientes, movilidad colapsada y una expansión urbana que parece responder más a intereses particulares que a una visión de ciudad. Hasta ahí, podría hablarse de mala planeación. Pero cuando la actualización de los instrumentos se frena, cuando los vacíos normativos permanecen, cuando los criterios cambian según la ventanilla o el funcionario, y cuando los tiempos de resolución dejan de obedecer a parámetros objetivos, el problema deja de ser técnico y entra de lleno en el terreno de la sospecha pública.
Fuentes consultadas en el ámbito del desarrollo urbano, así como testimonios coincidentes de personas vinculadas con trámites, construcción y gestión, describen un mismo patrón. En Tijuana, la falta de reglas claras no solo complica. También abre espacio para que cada autorización, cada visto bueno, cada interpretación y cada destrabe administrativo pueda convertirse en una oportunidad de negociación informal. Dicho de forma simple, cuando la ley no ordena con claridad, la discrecionalidad adquiere valor. Y donde la discrecionalidad vale, aparece el mercado de favores.
De acuerdo con versiones recabadas por este medio, en trámites considerados “normales”, los cobros extraoficiales que presuntamente se solicitan pueden oscilar entre 5 mil y 30 mil dólares, dependiendo del tipo de gestión, del nivel de resistencia administrativa o del interés económico del proyecto. Son montos que, de confirmarse a través de investigaciones formales, revelarían no hechos aislados, sino la posible operación de un sistema donde la incertidumbre normativa se vuelve negocio.
Eso es lo que vuelve especialmente grave la situación. La ausencia de planeación actualizada no solo daña la calidad de vida de los ciudadanos. También puede convertirse en la materia prima de un mecanismo de extracción ilegal de rentas. Cada reglamento pendiente, cada vacío interpretativo, cada criterio no homologado y cada instrumento frenado amplían el margen de maniobra de quienes tienen poder para autorizar, condicionar o retrasar.
En teoría, la planeación urbana existe para ordenar el crecimiento, dar certeza jurídica, proteger el interés colectivo y equilibrar la relación entre mercado, territorio y bienestar social. En la práctica, lo que Tijuana parece estar viviendo es lo contrario. La planeación no está funcionando como una herramienta para ordenar la ciudad, sino como una ausencia rentable para quienes se benefician de la falta de orden. No estamos frente a una simple falla administrativa. Estamos frente a un modelo en el que el vacío normativo podría estar siendo administrado como activo político y económico.
Cuando era candidato a la alcaldía, Ismael Burgueño asumió el compromiso de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana. No era una promesa menor. Era, en teoría, una señal de orden, certeza y rumbo para una ciudad atrapada en el caos normativo. Pero la promesa quedó incumplida. A más de 18 meses de iniciada su administración, el 1 de octubre de 2024, no existe una salida clara, firme y verificable a este problema. Y esa demora ya no puede leerse solo como ineficiencia. En una ciudad donde la falta de reglas abre espacio a la discrecionalidad y a presuntos cobros ilegales, patear una y otra vez la actualización del plan empieza a parecer menos una omisión y más una decisión políticamente útil para quienes se benefician del desorden.
Y ahí es donde la sospecha pública se vuelve más dura. En distintos círculos de la ciudad se ha extendido la percepción de que la ausencia de reglas claras terminó revelándose como una verdadera mina de oro para quienes operan desde la discrecionalidad. Porque cuando no hay norma firme, el criterio personal gana valor. Y cuando el criterio personal gana valor, también crece el precio de la intermediación, del favor y del destrabe.
Esta irregularidad no aparece sola. Se suma a una cadena de distorsiones, decisiones opacas, omisiones y señales de captura institucional que, a juicio de cada vez más voces en la ciudad, colocan al actual gobierno municipal como uno de los más cuestionados por presunta corrupción en la historia reciente de Tijuana. Esa es ya una percepción política instalada. Y frente a ella, el silencio, la demora y la falta de claridad no ayudan a disiparla. La agravan.
La respuesta importa porque los costos del desorden no los pagan quienes presuntamente se enriquecen con él. Los paga la ciudad. Los paga la familia que vive más lejos porque el suelo urbano bien ubicado se vuelve inaccesible. Los paga el ciudadano atrapado en vialidades cada vez más saturadas. Los paga quien ve deteriorarse su entorno sin entender por qué ciertos proyectos avanzan con facilidad mientras otros se empantanan sin explicación convincente. Los paga también el inversionista que pretende cumplir la ley y descubre que, en realidad, la certidumbre depende menos de la norma escrita que de las relaciones correctas.
Eso rompe uno de los principios básicos del Estado de derecho. En una ciudad sana, las reglas definen el camino. En una ciudad capturada, el camino lo define la capacidad de negociar con quien controla la incertidumbre.
Hasta ahora, el gobierno municipal puede seguir alegando que se trata de rezagos heredados, complejidades técnicas o tiempos institucionales. Pero esa defensa empieza a perder fuerza cuando la opacidad se vuelve prolongada, cuando los instrumentos no salen, cuando la normatividad sigue incompleta y cuando desde distintos frentes emergen testimonios que apuntan en la misma dirección. La reiteración del patrón obliga a una revisión mucho más seria y mucho más incómoda.
Porque si la parálisis del desarrollo urbano no es casual, entonces el fondo del problema no es la ineficiencia. Es la corrupción.
Y si la corrupción encuentra en la falta de reglas su mejor refugio, entonces el mayor escándalo no es solo que Tijuana esté creciendo en el desorden. El mayor escándalo es la posibilidad de que ese desorden haya sido preservado precisamente porque resulta rentable.
Tijuana merece una explicación pública, una revisión documental profunda, testimonios protegidos, auditorías serias y una investigación que no se quede en la superficie. Lo que está en juego no es un trámite, ni un programa, ni una discusión entre técnicos. Lo que está en juego es algo mucho más delicado: la posibilidad de que la ciudad esté siendo gobernada no desde la norma, sino desde la conveniencia de mantenerla en la ambigüedad.
Y una ciudad gobernada desde la ambigüedad no se administra. Se negocia.
