Un intento de linchamiento por parte de habitantes de San Pablo del Monte terminó en violencia armada y la muerte de una mujer, además de un herido, tras un intento de robo.
La tarde del lunes, en el barrio El Cristo, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, tres hombres fueron sorprendidos al interior de un predio al que presuntamente ingresaron para robar. La propietaria del inmueble pidió auxilio y vecinos del lugar respondieron rápidamente, bloqueando la salida de los sospechosos, quienes intentaron huir en una camioneta.
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Los presuntos delincuentes fueron finalmente entregados a la Policía Municipal y trasladados a los separos. Sin embargo, la situación escaló cuando decenas de personas se congregaron frente a la comandancia local, exigiendo que se les devolviera a los detenidos para hacer justicia por mano propia.
Ante la negativa de las autoridades, los inconformes incendiaron el vehículo en el que los sospechosos intentaron escapar. En un intento por controlar la situación, los agentes realizaron disparos al aire, lo que desencadenó una reacción violenta. Varios pobladores retuvieron a dos elementos policiacos y a un empleado del Ayuntamiento, además de amenazar con prender fuego a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Durante los enfrentamientos, dos civiles fueron alcanzados por disparos. Un hombre resultó herido en una pierna, mientras que una mujer, identificada como Brenda N., recibió un impacto en el cuello. Aunque fue trasladada de inmediato a un hospital, perdió la vida poco después.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó que las personas retenidas por la multitud ya fueron liberadas y que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, especialmente en torno a la muerte de Brenda N.
Linchamientos en México: un delito que refleja desconfianza institucional
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos son actos ilegales que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y representan una señal de desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia.
La legislación mexicana prohíbe tajantemente que los ciudadanos ejerzan violencia para impartir justicia. Las autoridades están obligadas a prevenir, investigar y sancionar estos hechos, pues representan un riesgo para el Estado de Derecho y el orden democrático.
Con información de Excelsior
