Debido al riesgo que representan los espectaculares para la ciudadanía, se determinó que deben de desaparecer del paisaje urbano.
Todos los espectaculares que se ubiquen en azoteas de edificios públicos o privados serán retirados con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Así lo establece el artículo cuarto transitorio de la iniciativa de Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, cuyo decreto fue presentado por el consejero Jurídico Manuel Granados, a la Asamblea Legislativa.
El funcionario reconoció que tras el sismo del 19 de septiembre quedó de manifiesto que entre los factores que propiciaron el colapso de algunos inmuebles estuvo el peso de las estructuras metálicas que se encontraban sobre ellos.
Debido al riesgo que representan para la ciudadanía este tipo de anuncios, dijo, es que se determinó que deben de desaparecer del paisaje urbano.
El último censo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizado en 2015, revela que en la capital hay cuatro mil 160 espectaculares, de los cuales alrededor de 300 se ubican en azoteas de edificios.
De acuerdo con estimaciones de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano estas estructuras llegan a pesar hasta 20 toneladas, lo que representa un riesgo de protección civil.
Su retiro sería aplicable una vez que entre en vigor la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, la cual ya está en estudio en el órgano legislativo.
En tanto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que el decreto, entregado con carácter de urgente, busca hacer frente a la situación que en materia de infraestructura y servicios vive en este momento la capital.
Aseguró que esta ley servirá como un legado para que futuros gobiernos de esta urbe cuenten con un esquema de respuesta y actuación enfocado a la reconstrucción.
En ella se establecen las facultades y acciones que cada una de las dependencias tendrá que ejecutar y asumir tras esta situación de emergencia derivada por el sismo magnitud 7.1 y, que en algunos casos se prologarán hasta por cinco años.
Además determina los beneficios a los que tienen derecho los damnificados, como son créditos, apoyos económicos y acceso a diferentes programas sociales.
Con información de Excélsior
