Para conocer qué pasó con Marco Antonio Sánchez, detenido por policías de la CDMX y después hallado deambulando, sus padres promovieron un juicio de amparo contra diversas autoridades
Marco Antonio Sánchez fue víctima de desaparición forzada, determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México por unanimidad de votos, resolviendo modificar la concesión del amparo para establecer que se demostró que algunas de las autoridades señaladas fueron responsables de dicha conducta, así como de violar los derechos humanos del joven, afectando su dignidad, integridad personal, libertad y reconocimiento a la personalidad jurídica.
El estudiante de bachillerato de la UNAM fue desaparecido arbitrariamente en 2018 por elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad y días después apareció con muestras de tortura.
Los padres de un adolescente que fue detenido por policías preventivos de la #CDMX y encontrado cinco días después en el #EdoMéx, promovieron un juicio de amparo a fin de conocer qué le pasó y dónde estuvo.
— CJF (@CJF_Mx) 21 de mayo de 2019
Tanto las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la capital y del Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente el 23 de enero de 2018 en la terminal Rosario del Metrobús, son responsables de la desaparición forzada del adolescente, de acuerdo con los magistrados.
“Tales elementos demuestran que se violaron los derechos de integridad personal, la libertad y el reconocimiento de la personalidad jurídica del adolescente Marco Antonio por haberse acreditado que en su agravio se cometió la violación de derechos humanos Desaparición Forzada de Persona”, señala la sentencia.
Además de que las autoridades no abordaron el asunto desde la perspectiva del interés superior del menor, la sentencia marca que la aparición de Marco Antonio después de cinco días de su detención no deja sin materia al juicio promovido ante el juez de amparo, toda vez que las cosas no volvieron al estado en que se encontraban, aún perviven tales transgresiones y son susceptibles de una reparación integral.
Los magistrados resolvieron modificar la concesión del amparo para establecer que autoridades señaladas como responsables incurrieron en la desaparición forzada del joven así como en la violación de #DDHH, sin respetar el interés superior del menor.
— CJF (@CJF_Mx) 21 de mayo de 2019
Incluso para los juzgadores federales que revisaron el caso, señalaron que también existió una notoria omisión por parte de las autoridades de la capital del país y del Estado de México para investigar la desaparición forzada del joven una vez que se tuvieron los reportes policiales.
La sentencia señala que acorde a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los efectos de la concesión son:
- Para hacer efectivo el derecho de los quejosos a conocer la verdad, lo que se traduce en que el Agente del Ministerio Público que lleva la investigación de la desaparición forzada desahogue inmediatamente las pruebas y determine en breve la carpeta de investigación. Asimismo, se comunique a los quejosos que este Tribunal Colegiado concluyó que existieron diversas violaciones de derechos humanos generadas por la desaparición forzada del adolescente.
- Además de garantizar el derecho a la reparación integral que comprende la restitución, rehabilitación, compensación apropiada y proporcional a la gravedad de las violaciones de derechos humanos, la satisfacción que busca reconocer y restablecer la dignidad y las medidas de no repetición, conforme a los numerales 1°. y 27 de la Ley General de Víctimas. Por ello, se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizar las acciones necesarias para que los quejosos accedan a una reparación integral justa y adecuada por la violación de sus derechos humanos, al margen de las gestiones que hayan iniciado, pues esta determinación complementa cualquier gestión.
- Garantías de no repetición que implica que las autoridades responsables tienen prohibido acercarse a los quejosos y deberán acreditar que asistieron a cursos de capacitación sobre derechos humanos.
Asimismo, el Tribunal Colegiado ordenó a la @CEAVmex realizar las acciones necesarias para que los padres accedan a la reparación integral justa y adecuada por la violación de sus #DDHH.
— CJF (@CJF_Mx) 21 de mayo de 2019
El 23 de enero de 2018, tras una persecución, dos motopatrulleros detuvieron a Marco Antonio y fue subido a una patrulla tripulada por parte otros dos policías, los cuales llegaron a ese sitio e informaron que lo llevarían al Ministerio Público, lo cual no sucedió.
Por cinco días se desconoció su paradero, siendo localizado en calles de Melchor Ocampo, Estado de México, con lesiones y desorientado.
Con información de Juan Pablo Reyes y del Consejo de la Judicatura Federal
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