En apenas 100 días, la administración Trump enfrenta 212 demandas, la mayoría por su política migratoria y aranceles que tensionan la economía y el sistema judicial
La gestión del presidente Donald Trump ha enfrentado una auténtica ofensiva judicial desde el inicio de su segundo mandato. En apenas los primeros 100 días, distintas entidades, tanto organizaciones civiles como gobiernos estatales, han presentado un total de 212 demandas ante tribunales federales, según un análisis realizado por Excélsior.
El tema migratorio destaca como la mayor fuente de litigios: 56 de estas acciones legales están directamente relacionadas con las medidas de Trump para restringir la entrada y permanencia de migrantes, en particular aquellas provenientes de América Latina. Aunque el presidente ha promovido diversas órdenes ejecutivas para cumplir sus promesas de campaña, solo en materia migratoria ha logrado avances tangibles, en gran parte gracias a la cooperación del gobierno mexicano, que ha intensificado sus operativos para frenar la migración irregular.
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La académica Gloria Ciria Valdez, coordinadora del Seminario Niñez Migrante, señaló que, aunque las cifras muestran una baja en el flujo migratorio, es necesario analizar si esto significa un descenso real o simplemente un cambio en los patrones de tránsito. Lo cierto es que la política antimigrante ha dejado huellas profundas, sobre todo en las familias separadas o deportadas bajo condiciones cuestionadas por organismos de derechos humanos.
La administración Trump ha protagonizado choques constantes con el poder judicial. En los últimos meses, el gobierno ha desacatado varias órdenes de jueces federales y ha desafiado incluso fallos de la Corte Suprema. En un hecho sin precedentes, se produjo el arresto de dos jueces estatales, acusados de obstruir procedimientos migratorios. Uno de los casos más sonados es el de la jueza Hannah Dugan, de Wisconsin, detenida por supuestamente facilitar la evasión de un ciudadano mexicano perseguido por las autoridades migratorias.
En paralelo, otro foco de tensión judicial ha sido la política arancelaria. Desde la Casa Blanca, se han impuesto gravámenes que afectaron a empresas y consumidores. En los primeros 100 días se registraron seis demandas vinculadas a estas medidas: cinco colectivas y una más por parte de una compañía con sede en Florida, estrechamente ligada al mercado chino.
Los aranceles, concebidos como herramienta para proteger la economía nacional, han generado polémica por su impacto directo en el costo de vida. La promesa de Trump de reducir precios desde “el primer día” no solo no se ha cumplido, sino que los precios han aumentado como efecto colateral de sus propias decisiones comerciales.
Además, su compromiso de deportar un millón de personas en el primer año enfrenta retrasos significativos. Para cumplir esa meta, la administración tendría que haber alcanzado 374,000 deportaciones en este punto; sin embargo, apenas se contabilizan 100,000, con un incremento abrupto y cuestionado de 71,000 en solo dos semanas de marzo.
El modelo económico también ha desatado tensiones en estados como California, que recientemente se posicionó como la cuarta economía más grande del mundo, superando a Japón. California ha comenzado a explorar rutas comerciales independientes para mitigar los efectos de los aranceles impuestos por Trump, especialmente en sus relaciones con México y China, principales socios comerciales del estado.
Expertos advierten que la ola de litigios podría intensificarse, especialmente en el ámbito económico. Las políticas proteccionistas, combinadas con las crecientes tensiones judiciales, auguran nuevos desafíos legales en los próximos meses.
La Casa Blanca, por su parte, reconoció recientemente que espera una “escalada” de conflictos, especialmente en casos emblemáticos como el de Milwaukee. Mientras tanto, la administración sigue aferrándose a su estrategia de endurecimiento migratorio y comercial, pese a la creciente presión en los tribunales.
