La administración Trump revocó el estatus legal de más de 530 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, instándolas a abandonar EE.UU. voluntariamente.
Más de 530 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela comenzaron a recibir notificaciones oficiales sobre la cancelación de su estatus legal temporal en Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump revocara el programa de permiso humanitario conocido como CHNV.
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La medida fue formalizada por el presidente republicano el mismo día de su toma de posesión, el pasado 20 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que anulaba la política migratoria implementada por su antecesor, Joe Biden. El programa, iniciado en 2022 para venezolanos y ampliado en 2023 a otros tres países, permitía la entrada temporal y legal de ciertos migrantes por razones humanitarias.
Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que ya ha comenzado a enviar notificaciones electrónicas a los beneficiarios del programa, informándoles que tanto su permiso de permanencia como su autorización de trabajo han sido anulados de manera inmediata.
El gobierno federal también exhortó a quienes se encuentren bajo esta categoría a utilizar la app CBP Home para iniciar un proceso de “retorno voluntario” a sus países de origen, lo que ha sido interpretado por organizaciones civiles como una estrategia de presión para que los migrantes abandonen el país sin intervención directa de las autoridades migratorias.
Según Tricia McLaughlin, vocera del DHS, la administración Biden “puso en riesgo a los trabajadores estadounidenses” al permitir el ingreso de medio millón de extranjeros con “procesos de verificación insuficientes”. Aseguró que la eliminación del CHNV responde al principio de “Estados Unidos Primero”, consigna central de la agenda migratoria de Trump.
Cabe señalar que los beneficiarios del permiso humanitario debían cumplir con requisitos estrictos: contar con patrocinadores financieros en EE.UU., demostrar no tener antecedentes penales y acreditar esquema completo de vacunación.
La decisión se produce tras el aval de la Corte Suprema en mayo, que autorizó a la nueva administración a cancelar el programa mientras se resuelven demandas en instancias judiciales inferiores. La medida ha generado preocupación entre activistas proinmigrantes, quienes advierten que miles de personas podrían quedar expuestas a la deportación sin recursos legales inmediatos.
