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Trump debe reactivar el DACA y aceptar nuevas solicitudes

Un juez de Estados Unidos ordenó reactivar el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como “dreamers”

El gobierno de Donald Trump recibió la orden de reactivar el programa DACA, cancelado en el mes de marzo, y que permite a los hijos de indocumentados nacidos después de 1981 obtener una indulgencia renovable de dos años para no ser deportados, después de que el magistrado John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró que la decisión de la Casa Blanca de poner fin al programa es “inexplicable, arbitraria y caprichosa” y, por tanto, “ilegal”, puesto que la Administración no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era irregular.

Por tal motivo, el letrado ha dado al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de 90 días antes de la aplicación de su fallo para que justifique la cancelación del acuerdo. De lo contrario, la orden de cese del DACA se anulará y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos “deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de renovación”.

“Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado, que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios de DACA, está expuesto a una deportación por una acción ilegal”, concluyó Bates.

Esta es la tercera vez que un juez falla en contra de los intentos de la Administración Trump de acabar con el DACA, una medida que además proporciona permisos de trabajo y protege de la deportación a unos 690,000 inmigrantes indocumentados que ingresaron a los EEUU siendo niños.

El plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia fue aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012. Para poder acogerse al programa, los inmigrantes en situación ilegal tenían que haber entrado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y antes de julio de 2007, así como ser estudiantes o graduados universitarios o veteranos militares y no tener antecedentes penales.

En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.

Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1.8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25 mil millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.

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