La Casa Blanca analiza suspender el habeas corpus en el contexto de su campaña para acelerar deportaciones masivas.
La administración de Donald Trump estudia una medida extrema en su estrategia migratoria: suspender el derecho constitucional que permite a los detenidos impugnar su arresto ante un juez. De acuerdo con un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, esta opción legal —conocida como habeas corpus— se encuentra sobre la mesa como respuesta al bloqueo judicial que ha frenado los esfuerzos del gobierno por realizar deportaciones masivas.
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Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha endurecido el discurso y las acciones contra la migración irregular, calificando la situación en la frontera como una “invasión” y comprometiéndose a expulsar a millones de personas. Sin embargo, sus políticas han enfrentado resistencia en los tribunales, donde los jueces han reiterado la necesidad de respetar el debido proceso.
“Estamos considerando seriamente recurrir a la suspensión del habeas corpus en caso de invasión, como lo contempla la Constitución”, afirmó Stephen Miller, subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, ante un grupo de periodistas. “Todo dependerá de cómo actúen los tribunales”.
La posibilidad de aplicar esta figura legal permitiría al Ejecutivo acelerar las expulsiones sin pasar por audiencias judiciales individuales, aunque es previsible que una decisión de tal magnitud desate una nueva ola de litigios y termine ante la Corte Suprema.
En la historia de Estados Unidos, el habeas corpus ha sido suspendido en circunstancias excepcionales, como durante la Guerra Civil o tras el ataque a Pearl Harbor. Suprimirlo para aplicarlo en operativos migratorios marcaría un precedente sin antecedentes en tiempos de paz.
El enfoque de Trump también ha incluido el uso de leyes inusuales para justificar acciones controvertidas. En marzo, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ordenar la detención y traslado de presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador. No obstante, un tribunal federal en Texas declaró ilegal esa interpretación, y otros juzgados han bloqueado temporalmente las expulsiones bajo ese esquema, argumentando que los afectados deben tener acceso a mecanismos legales de defensa.
La discusión en torno al habeas corpus se enmarca en una ofensiva jurídica más amplia, en la que el Ejecutivo busca sortear las limitaciones legales que impiden aplicar sus políticas migratorias más agresivas.
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