El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para acelerar la extracción de minerales en el lecho marino fuera de su jurisdicción, generando preocupaciones por su impacto ambiental y por contravenir acuerdos internacionales.
El 24 de abril de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a agilizar los permisos para la exploración y explotación de minerales en aguas internacionales. Esta medida busca reducir la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos provenientes de China, como el níquel, el cobalto y el cobre, esenciales para la industria tecnológica y de defensa .
La decisión ha sido recibida con inquietud por parte de la comunidad internacional, ya que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que los recursos del lecho marino en aguas internacionales son patrimonio común de la humanidad. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de regular estas actividades, aún no ha establecido un marco legal definitivo para la minería submarina .
Empresas como The Metals Company, con sede en Canadá, podrían beneficiarse de esta política, ya que han estado presionando para obtener permisos de explotación en la zona Clarion-Clipperton del Pacífico, rica en nódulos polimetálicos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que la minería en aguas profundas podría causar daños irreversibles a ecosistemas marinos aún poco estudiados .
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En contraste, países como México han adoptado una postura precautoria. En noviembre de 2023, el gobierno mexicano se sumó a una moratoria internacional que suspende la minería submarina en tanto no se cuente con información científica suficiente sobre sus impactos ambientales. Además, la legislación mexicana prohíbe esta actividad en sus aguas territoriales, reflejando un compromiso con la conservación de los ecosistemas marinos.
La iniciativa de Trump ha reavivado el debate sobre la gobernanza de los océanos y la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Mientras algunos ven en la minería submarina una oportunidad para acceder a recursos estratégicos, otros alertan sobre los riesgos de avanzar sin un marco regulatorio sólido y sin comprender plenamente las consecuencias ecológicas.
