La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha iniciado procedimientos legales tras los disturbios ocurridos durante recientes movilizaciones estudiantiles, reafirmando su compromiso con el diálogo y la legalidad.
Durante las protestas del viernes pasado, un grupo de encapuchados causó destrozos en instalaciones de la UNAM y comercios. Las autoridades universitarias informaron que se han levantado actas en contra de quienes resulten responsables por estos actos de violencia.
La institución ha reiterado su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, pero ha subrayado que no tolerará actos de violencia que atenten contra la comunidad universitaria y su patrimonio. En este sentido, se han iniciado procedimientos legales conforme a la legislación universitaria y con el debido respeto a los derechos constitucionales de los involucrados.
Este incidente se suma a una serie de protestas y paros en diversas facultades de la UNAM, motivados por la aprobación de reformas disciplinarias, particularmente la modificación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario. Dicho artículo permitía sanciones inmediatas, como expulsión, por actos considerados “vandálicos”, generando controversia en la comunidad estudiantil por su ambigüedad y posible restricción a la libertad de expresión.
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Ante la presión y las manifestaciones, el rector Leonardo Lomelí anunció la revisión del artículo, y posteriormente, su eliminación fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Legislación, pendiente de ratificación por el Consejo Universitario el 11 de abril. Sin embargo, colectivos estudiantiles como Colectivx En Llamas advierten que el malestar continúa, pues consideran que estas medidas son parte de un giro represivo dentro de la institución, afectando directamente la libertad de protesta y expresión.
La UNAM ha reiterado su compromiso con el diálogo como la vía para resolver las diferencias entre los miembros de su comunidad, pero ha dejado claro que no tolerará actos de violencia que se contraponen a los principios de respeto y normas que rigen el actuar de la institución.
