El Senado uruguayo debatirá la ley “Muerte Digna”, que busca despenalizar la eutanasia bajo condiciones específicas y cuenta con respaldo del Frente Amplio.
Uruguay se prepara para dar un paso histórico en materia de derechos y salud al debatir la aprobación definitiva de la ley “Muerte Digna”, una iniciativa que busca despenalizar la eutanasia bajo condiciones estrictas. La propuesta, impulsada por el Frente Amplio (FA), ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y tiene altas probabilidades de ser aprobada en el Senado, donde la izquierda posee mayoría.
Beatriz Gelós, de 71 años, espera con esperanza el resultado. Padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace dos décadas y ha sido una de las voces más visibles en favor del derecho a decidir sobre la propia vida. “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, afirmó antes de la sesión parlamentaria.
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De concretarse la aprobación, Uruguay se sumaría a un grupo reducido de países que han legislado sobre la eutanasia, entre ellos Canadá, Países Bajos y España. En América Latina, solo Colombia y Ecuador han despenalizado el procedimiento, aunque mediante fallos judiciales.
El proyecto establece que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad, ciudadanas o residentes en el país, que estén psíquicamente aptas y padezcan una enfermedad incurable en fase terminal o un sufrimiento insoportable que afecte gravemente su calidad de vida. Además, se prevé que cada caso deba pasar por un proceso médico y legal previo, antes de que el paciente exprese su voluntad por escrito.
El debate en el Senado comenzó al mediodía en un ambiente de respeto, aunque con posturas firmes a favor y en contra. Para el legislador oficialista Daniel Borbonet, se trata de un texto “sólido” que “ofrece seguridad jurídica”. En contraste, el opositor Pedro Bordaberry lo calificó como “una ley de fomento” de la muerte asistida, mostrando su desacuerdo con la redacción.
Gelós, quien permanece en silla de ruedas y habla con dificultad, aseguró que “llegó el momento” de cerrar el debate y responder al sufrimiento de quienes enfrentan enfermedades irreversibles. “No tienen idea lo que es vivir así”, expresó, insistiendo en su deseo de contar con la opción de poner fin a su dolor.
Casos como el de Pablo Cánepa también han impulsado el apoyo social al proyecto. El hombre de 39 años sufre una enfermedad rara e incurable que lo mantiene casi inmóvil y bajo tratamiento con sedantes. “Pablo está agonizando hace años y la aprobación en diputados fue un verdadero alivio”, comentó su hermano Eduardo. Su madre, Mónica, fue contundente: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”.
Desde las gradas del Parlamento, la activista Florencia Salgueiro siguió con atención el debate. Su padre padeció ELA y murió sin poder acceder a una muerte asistida. “La clave de esta ley es el respeto a la voluntad del adulto que decide terminar con su sufrimiento”, señaló.
Los defensores del proyecto destacan que ofrece garantías médicas y legales, en línea con la tradición progresista de Uruguay, que ha sido pionero en temas como el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y la regulación del cannabis. De acuerdo con una encuesta de la consultora Cifra, más del 60% de la población está a favor de legalizar la eutanasia, mientras que el 24% se opone.
El Colegio Médico de Uruguay optó por no adoptar una postura institucional, aunque participó en la elaboración del texto “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, según explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer. En contraste, la Iglesia Católica manifestó su “tristeza” ante el avance del proyecto, y más de una decena de organizaciones civiles expresaron preocupación al considerarlo “deficiente y peligroso”.
Si el Senado aprueba la iniciativa, Uruguay se convertirá en el primer país del Cono Sur en reconocer legalmente el derecho a una muerte digna, abriendo así una nueva etapa en la discusión ética y sanitaria de la región.
