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Vecinos exigen justicia por asesinato de un perro apuñalado por un drogadicto

Las autoridades señalaban que la agresión al animal no era un delito grave, cuando el maltrato animal ya se encuentra penado en el Estado de México

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, piden a las autoridades sancionen como corresponde a un hombre que, bajo la influencia de enervantes, apuñaló y mató con saña a un perro de la zona.

“Pepito”, como era conocido el can, fue muerto a manos de un hombre de 40 años, el cual lo atacó ya que le ladraba cada vez que pasaba por la calle Enramada.

La agresión ocurrió este sábado 15 de agosto, cuando el hombre pasó por el sitio y al ser “confrontado” por el perro, sacó una navaja y lo apuñaló en varias ocasiones quedando el cuerpo del animal debajo de una mesa de una pollería cercana, donde intentó “refugiarse”.

Pese a que el agresor fue detenido y llevado a las autoridades, personal del Ministerio Público de La agencia La Perla se negaba a iniciar la averiguación y argumentaron que no era un delito grave.

Edgar Castillo, elemento de Protección Animal Nitin México AC, quien recuerda que en el Estado de México el maltrato animal ya es considerado un delito, señaló que pese al llamado de los vecinos a las protectoras de animales, el animal murió a consecuencia de las múltiples heridas.

“Alega el MP que como no es un delito grave, no lo puede recibir  y que no tiene injerencia en esto, queriendo no atender la carpeta. No quiere abrir la averiguación en contra de esta persona, argumentan muchas cosas que no cuadran. El Ministerio Público no lo quiere atender ya que es un delito”, mencionó.

Tras seis horas de negativas, el personal del Ministerio Público inició la carpeta para poder consignar al agresor, no obstante se desconoce si el sospechoso realmente fue remitido o sólo detenido sin una sanción correspondiente.

Nuria Pérez, asesora jurídica de Protección Animal, lamentó que las autoridades municipales desconozcan que este tipo de actos ya son considerados como delitos penales desde el año 2015.

“Se establece entre seis meses a dos años de prisión, el agente del ministerio público no quería actuar”, señaló.

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NCV

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