Los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron de manera unánime el dictamen que establece el delito de violencia ácida por motivos de género.
En la última sesión del periodo ordinario del Congreso de Veracruz, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que define el delito de violencia ácida por razón de género. Este dictamen sanciona a quienes utilicen sustancias químicas ácidas o corrosivas para dañar a una persona, como parte de las reformas a la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Veracruz se une a los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, que también han aprobado este dictamen, el cual tipifica las agresiones severas como un delito autónomo bajo la figura de violencia ácida.
La colectiva Las Brujas del Mar publicó un mensaje en redes sociales celebrando estas modificaciones a la ley veracruzana:
Gracias a la diputada Verónica Pulido por el empuje a esta iniciativa propuesta desde las víctimas y sobrevivientes. Gracias a la lucha de las mujeres como Carmen Sánchez, por impulsar estas reformas. Hoy en Veracruz, los ataques de ácido y otros agentes corrosivos contra las mujeres ya no son considerados lesiones, sino tentativa de feminicidio. El primer avance de muchas deudas que esta legislatura tiene con las veracruzanas”.
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En la misma sesión, se aprobó el dictamen que amplía la lista de modalidades de violencia contra las mujeres para incluir aquellas que ocurren en espacios públicos. Estas modalidades se definen como “conductas físicas o verbales de connotación sexual que, sin consentimiento, son ejercidas contra las mujeres por personas desconocidas en lugares públicos o de acceso público, como la calle y el transporte público. El objetivo de estas acciones es dañar su integridad, libertad y libre circulación, y situarlas como objetos sexuales a través del miedo, la humillación y la intimidación”, según el texto articulado.
En el artículo 13 Decies del Capítulo XI, titulado “De la Violencia en los Espacios Públicos”, se establece que “las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, en el ámbito de sus competencias, deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en los espacios públicos”.
La iniciativa fue presentada por la diputada Verónica Pulido Herrera, quien, al exponer los motivos, destacó que el acoso limita la capacidad de las mujeres. Según ella, esta violencia no es accidental, sino el resultado de una discriminación arraigada que considera a las mujeres como objetos sexuales.
