El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones, mismo que culmina el día 17 de julio del año en curso
La exalcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, y actual regidora, Laura Beristain Navarrete, fue vinculada a proceso por un juez de Control, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, relacionado con la carpeta de investigación FGE/ QR/ OPB/ 08/ 0094/ 2019.
La audiencia de vinculación inició el miércoles, de forma virtual, pero se suspendió y reanudó a las 10 horas de este jueves, con la presencia de la exmunícipe, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
Luego de cinco horas de duración, el juez encontró elementos suficientes de tipo penal para vincularla a proceso y dictar como medida cautelar su presentación periódica cada 15 días para firmar en el Poder Judicial, en Playa del Carmen, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
Como resultado de la vinculación a proceso y las medidas cautelares dictadas a Beristain Navarrete, el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones, mismo que culmina el día 17 de julio del año en curso; además, ella no puede abandonar el estado, ni el país.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, la empresa Redesol denunció a Beristain Navarrete por haberles renovado la concesión del servicio de recolección de basura –en Playacar y la zona turística– sin someter a votación del Cabildo ese proceso, violentando así la Ley de los Municipios del estado y el reglamento local.
Como antecedente, habrá que recordar que Redesol prestaba ese servicio mediante una concesión parcial desde la administración del entonces alcalde Filiberto Martínez (2011-2013), pero le fue rescindido el contrato posteriormente, por lo cual demandó al ayuntamiento solicitando su reinstalación y una indemnización.
El juicio abarcó las administraciones posteriores, encabezadas por Mauricio Góngora y Cristina Torres, pero la resolución tocó a la administración de Beristain Navarrete (2018-2021)
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En 2019, por instrucción judicial se ordenó al ayuntamiento devolver a Redesol la concesión para prestar el servicio de recolección; se le prohibió contratar a otra empresa y se le exhimió de indemnizar a la compañía demandante.
Beristaín Navarrete acató el fallo. Pero es ahí en donde las versiones se contraponen. Conforme a lo informado por la Fiscalía, la entonces alcaldesa no consultó al Cabildo, por lo cual la renovación de la concesión carecía de validez, lo cual provocó otro perjuicio a Redesol, que denunció a la comuna.
En contraste, en el entorno cercano a la exedil, afirman que en septiembre de 2019 se celebró la sesión de Cabildo, durante la cual se sometió a votación la orden de restituir la concesión parcial a la empresa, la cual fue notificada posteriormente.
Sin embargo, la compañía se habría negado a otorgar el servicio –debido a que no se les concedió judicialmente la indeminzación– razón por la cual el ayuntamiento, con recursos y personal propio, se encargó de la recolección, mientras la empresa iniciaba acciones legales.
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CAB
