Colombia vivió este jueves una de sus jornadas más violentas en años recientes, con dos ataques ocurridos en distintas zonas del país que dejaron al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, de acuerdo con informes de autoridades locales y cuerpos de seguridad.
Uno de los ataques ocurrió en Cali, la tercera ciudad más grande del país, donde un camión cargado con explosivos explotó cerca de una base de la Fuerza Aérea. El estallido, registrado cerca de las 3 de la tarde, causó la muerte de cinco personas y dejó heridas a 36 más. El alcalde Alejandro Eder indicó que el blanco del atentado era una escuela militar de aviación, lo que ha despertado preocupación por la seguridad de instituciones educativas y civiles. Videos compartidos en redes muestran escenas de caos: vehículos incendiados, viviendas afectadas y ciudadanos en pánico. Un comerciante de la zona, Alexis Atizábal, señaló que la explosión causó importantes daños materiales en su local.
Horas antes, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, una facción disidente de las FARC atacó a una unidad policial que realizaba labores de erradicación de cultivos de coca. Los agresores emplearon fusiles y drones armados con explosivos, derribaron un helicóptero y enfrentaron a los uniformados, dejando un saldo de ocho muertos. Las autoridades investigan si todas las víctimas eran miembros de la fuerza pública.
El uso de drones con explosivos se ha convertido en una táctica cada vez más común entre los grupos ilegales en Colombia. Un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que las víctimas de este tipo de artefactos, especialmente los lanzados desde drones, se duplicaron en los primeros meses de 2025.
Estos ataques ocurren en un contexto de creciente violencia y agitación política, a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Cabe recordar que el 11 de agosto, el candidato conservador Miguel Uribe fue asesinado de un disparo en la cabeza, lo que incrementó la tensión política y social en el país.
Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína, y los grupos armados ilegales compiten por el control de este lucrativo mercado. En 2023 se registró un récord histórico de 253 mil hectáreas de cultivos de coca, y el gobierno de Gustavo Petro ha promovido programas de erradicación voluntaria con incentivos económicos para los campesinos.
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Aunque el acuerdo de paz de 2016 logró desarmar a gran parte de las FARC, muchas zonas antes ocupadas por ese grupo no han sido plenamente controladas por el Estado. Esta falta de presencia institucional ha permitido que disidencias armadas y organizaciones narcotraficantes se fortalezcan.
El presidente Petro ha pedido que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo —principal cartel de droga del país— sean oficialmente designados como grupos terroristas, subrayando la necesidad de respuestas firmes ante el incremento de la violencia. Aunque su gobierno ha intentado entablar diálogos con varios grupos armados desde su llegada al poder en 2022, la mayoría de esos procesos están estancados.
Algunos avances se han logrado en negociaciones con facciones del Clan del Golfo en Catar y con ciertos sectores del ELN y disidencias lideradas por alias Calarcá. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han incrementado operativos contra el narcotráfico, y la situación en Colombia continúa siendo observada con atención por la comunidad internacional.
Los recientes ataques muestran un alarmante nivel de sofisticación en las tácticas utilizadas por los grupos armados, lo que resalta la urgencia de implementar una estrategia integral de seguridad. Expertos advierten que, con el panorama político-electoral en desarrollo, existe el riesgo de que la violencia escale aún más. Proteger a la población civil, así como a instituciones como escuelas y hospitales, debe ser una prioridad urgente. La coordinación efectiva entre fuerzas militares, policía y gobiernos locales será crucial para evitar nuevos ataques y salvaguardar a las comunidades en riesgo.
