Olga Sánchez Cordero detalló que solo para la Guardia Nacional habrá reformas a la ley de Seguridad Pública y se expedirán las leyes de la nueva Guardia, del uso de la fuerza y de registro nacional de detenciones
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que luego de la aprobación de las reformas constitucionales sobre Guardia Nacional, Extinción de Domino y Prisión Preventiva Oficiosa, se expedirán las leyes secundarias correspondientes.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que solo para la Guardia Nacional, de la cual se hará la declaratoria en breve, habrá reformas a la ley de Seguridad Pública, y se expedirán las leyes de la nueva Guardia, del uso de la fuerza y de registro nacional de detenciones.
En tanto, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, aseguró que habrá leyes secundarias derivadas de la aprobación de la Guardia Nacional, pues se trata de un mandato constitucional y porque “aquí no hay espacio para la simulación”.
El funcionario federal confió en que para la aprobación de la normatividad secundaria se tendrá el mismo apoyo que hubo para lograr la reforma constitucional, toda vez que ha sido planteada a partir del consenso del acuerdo que tiene la ruta que ha marcado el presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de todos”.
Por su lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una institución especial para que todos los decomisos de bienes a políticos corruptos y organizaciones criminales, se destinen a hospitales, escuelas, asilos o a la construcción de obras en beneficio de la gente.
“Que se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra. Esa es una institución especial para eso. Porque, ¿qué sucede?, hay decomisos y no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen”, precisó.
En conferencia de prensa matutina, adelantó que este jueves se presentará un análisis sobre la aprobación de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, para la creación de la Guardia Nacional, así como la incorporación al catálogo de delitos graves de los delitos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.
Acerca de la compra de medicamentos realizada por el gobierno anterior, dijo que resulta irregular que tres empresas vendan alrededor de 40 mil millones de pesos y tan sólo un proveedor venda más de mil millones de dólares al año.
Resaltó que de los proveedores registrados, todos los contratos se quedan en el 1.5 por ciento de los proveedores.
“Es monopólico, eso no puede seguir sucediendo en adquisiciones. Todo eso se tiene que democratizar, se tiene que hacer con más competencia, buscando que no haya proveedores privilegiados o preferentes”, explicó.
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