La ministra portavoz del Gobierno de España aseguró que “la justicia es igual para todos”, tras conocerse la investigación sobre el rey Juan Carlos
La fiscalía del Tribunal Supremo de España investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos I en una trama de presunta corrupción por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.
Desde 2018, la justicia investiga estos hechos ocurridos en 2011 pero el Tribunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.
La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es “una de las personas involucradas en los hechos investigados” y son necesarias “nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.
“Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad”, añade en un comunicado.
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.
“Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, había señalado entonces la fiscalía.
En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6,700 millones de euros al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.
Tras el anuncio, María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, aseguró que “la justicia es igual para todos”, añadiendo que se debe “investigar a todas las personas” a las que los tribunales “consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras”.
IPR
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