El fin primordial de esta Unidad de Inteligencia Financiera es el combate a la corrupción a través de la investigación financiera y patrimonial
Este fin de semana el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ordenó reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, para dar paso al nacimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.
Esta dependencia será similar al órgano que encabeza a nivel nacional Santiago Nieto y que se ha encargado de fiscalizar actos de corrupción de políticos.
De acuerdo con el decreto presentado este fin de semana, este nuevo organismo estatal tendrá la facultad de investigar a cualquier persona que, a juicio de la Unidad, presente un incremento económico que no pueda justificar.
A través de un comunicado oficial, el gobierno nuevoloenense señaló que el fin primordial de esta entidad es el combate a la corrupción a través de la investigación financiera y patrimonial de personajes públicos.
“Generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial para la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable”, señala el documento.
También se advierte que la investigación podrá iniciar de oficio o en razón de la información que proporcionen las autoridades estatales cuando tengan conocimiento de alguna anomalía financiera.
Una vez que se tenga la certeza en un caso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará ante el Ministerio Público denuncias o querellas, aportando los elementos de prueba con los que cuente y, en su caso, podrá coadyuvar con dicha autoridad en la investigación.
Por otra parte, el decreto también señala que la UIF podrá actuar contra servidores públicos que incurran en algún delito de esta naturaleza.
“Informar a la unidad administrativa competente de la Secretaría, de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que puedan constituir posibles delitos u omisiones fiscales y posibles delitos u omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones”.
No obstante la revelancia de sus funciones, el decreto autoriza a que todas las reuniones, actas, documentos e información generadas por la UIF sean de carácter reservado y confidencial.
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