Tras su aprobación el pasado 10 de diciembre, hoy es posible la interrupción del embarazo en Argentina.
Tras la mira de distintos movimientos feministas y de autoridades, se crea un compromiso que garantice a las mujeres una aplicación integral tras la negativa de algunos sectores conservadores.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, mencionó que desde que la norma está vigente, el gobierno deberá vigilar los obstáculos que se presenten ante esta nueva ley. “Empieza otro trabajo enorme por delante”, señaló Gómez Alcorta, pues asegura que habrán situaciones que busquen evitar la efectiva implementación del aborto en Argentina.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó por la Cámara de Diputados el pasado 30 de diciembre. Esta contempla la posibilidad de abortar de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar” hasta la semana 14 tras realizar una solicitud de máximo diez días desde que se generó la solicitud.
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La práctica del aborto se permitirá más allá de las 14 semanas en caso de que el embarazo fuera sido a causa de una violación, mediante la declaración jurada presentada al personal de salud o en caso de que la madre corriera riesgo de perder la vida o la salud.
La ministra mencionó que el Ministerio de Salud realizó una gran compra del fármaco abortivo misoprostol y se entregará en todas las provincias.
De igual forma mencionó que especula la recepción de demandas judiciales por parte de sectores antiabortistas de provincias conservadoras, así como la renuencia de distintos actores de la salud, tales como los privados, para realizar dicha práctica.
Gómez Alcorta mencionó que se cuenta con un número de teléfono a disposición de los argentinos “para los que no puedan acceder al aborto se comuniquen”.
Otro sector que ha manifestado su rechazo ante esta norma, fue la Iglesia Católica. Algunas de las organizaciones que se han pronunciado en contra de la ley han sido El Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. La resistencia que ejercen estas organizaciones considera que “la Constitución y los Tratados Internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción”.
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En cuanto a los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con médicos que realicen abortos por ejercicio del derecho de objeción de conciencia, tendrán que recurrir a otro centro que sí lo realice.
De esta forma se castigará con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a cualquier funcionario público o autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector (centro, institución) o personal de salud que retrase sin justificación, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Las cientos de organizaciones que integran La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirmaron que su lucha “con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley”
Anteriormente las únicas interrupciones del embarazo no sancionadas eran aquellas sucedidas a causa de una violación o por riesgo de salud de la madre y hasta las 12 semanas de gestación. Pese a esto, en muchas provincias conservadores no se realizaban.
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RMR
