Los ciclistas piden el “fin” del programa fotocívicas y la implementación de un programa de multas económicas más estricto sobre los automovilistas
Derivado del enfrentamiento que se registró entre policías y ciclistas el pasado 5 de febrero, donde varios usuarios del transporte velocípedo resultaron lesionados, ciclistas de diversas organizaciones convocaron a una manifestación este viernes denominada “Viernes de Revancha”.
Los participantes, identificados con el hastag #Justiciaparatodxs buscan reunirse en la colonia Roma para solicitar a las autoridades capitalinas entablar un diálogo “directo y abierto” para presentarle su pliego petitorio, que incluye medidas de seguridad vial y justicia para quienes se mueven en este transporte en la ciudad.
La convocatoria está programada para las 18:00 horas en las avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, muy cerca de la sede de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
En una carta dirigida a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los ciclistas condenaron la agresión ocurrida en las inmediaciones de Periférico y aseguraron que hubo “múltiples automovilistas infractores, uno incluso, destruyó la bicicleta de un manifestante ante la completa inacción de los agentes de tránsito que decidieron no multar a ninguno”.
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También acusaron a los uniformados de robar las pertenencias de varios de ellos.
“Condenamos enérgica y categóricamente esta represión por parte del gobierno de la Ciudad de Méxicoa través de las fuerzas policiales, así como la campaña de desprestigio en redes sociales hacia estas movilizaciones”.
Los ciclistas recordaron las tres “condiciones mínimas” para iniciar un diálogo verdadero: las renuncias de Edgar Doroteo, director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta y Especializado; Mayra Cabrera, directora ejecutiva de Cultura de la Vialidad, y Natalia Rivera (sic), funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi); la reducción a 50 kilómetros por hora del límite de velocidad en vías de acceso controlado y el “fin” del programa fotocívicas y la implementación de un programa de multas económicas más estricto.
Además, exigieron un “total compromiso” de impulsar la iniciativa identificada como “Ley Patricia”.
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