Los agraviados esperan que los responsables sean suspendidos Y sancionados y que el Fiscal Higuera Bernal les ofrezca una disculpa pública
La familia de Zyanya Estefania Figueroa Becerril pide una disculpa pública del Fiscal Gilberto Higuera Bernal y la destitución de los servidores públicos, luego de que fueran atacados con gas pimienta durante una manifestación pacífica hecha en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU exigió a las autoridades mexicanas respetar el derecho a la manifestación pacífica.
Este sábado, los padres de Zyanya acudieron a la FGE acompañados de feministas junto con quienes ayer fueron agredidas, sus asesores jurídicos y Rodolfo Manuel Domínguez, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, para fijar una postura sobre lo ocurrido.
Los asesores jurídicos explicaron que los padres de la víctima se manifestaron ayer para exigir a las autoridades la reconstrucción de hechos en el inmueble donde Zyanya Estefania fue encontrada sin vida, pues esto podía acreditar que se trató de un feminicidio y no un suicidio.
El inmueble se encuentra bajo resguardo de las autoridades desde mayo de 2018, y los propietarios exigen que les sea entregado.
Durante la protesta, funcionarios de la FGE atacaron con gas pimienta a las manifestantes y fueron retiradas a empujones del acceso principal. Estos hechos fueron grabados por las manifestantes y difundidos en redes sociales. Asimismo, en el sitio también se encontraban representantes de los medios de comunicación.
Después de la agresión, la familia esperaba ser recibida por el Fiscal Gilberto Higuera Bernal, pero no fue así. Ingresaron a la dependencia para hablar con la Fiscal encargada de atender Delitos de Género y el Fiscal de Derechos Humanos.
Durante la reunión, les prometieron que el inmueble seguirá bajo su resguardo y en un tiempo de 20 días hábiles se realizará la reconstrucción de hechos.
La mamá de Zyanya y sus acompañantes anunciaron que hoy presentarán aproximadamente 10 denuncias contra los servidores públicos que los agredieron.
Entre las víctimas se encuentran familiares, defensores de los derechos humanos, feministas y asesores legales. Además del hombre que los atacó con gas pimienta, tienen identificado a otro que sacó su macana y uno más que intentó utilizar un aparato de descargas eléctricas.
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Los agraviados esperan que los responsables no solo sean suspendidos, sino sancionados conforme marca la ley y que el Fiscal Higuera Bernal les ofrezca una disculpa pública, según declararon a medios.
Además, exigieron que las autoridades garanticen que estas agresiones no volverán a ocurrir en ninguna protesta.
La agresión generó una gran inmovilización internacional. Tanto la ONU Mujeres, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales y nacionales mostraron su apoyo.
Mandaron cartas y comunicados, señalando la responsabilidad que deben asumir no solo los servidores públicos que rociaron gas y nos golpearon, sino la propia Fiscalía.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unida (ONU-DH) exhibió a la Fiscalía de Puebla por el ataque perpetrado por funcionarios del área de Seguridad Institucional, pidió a las autoridades estatales respetar el derechos a la manifestación pacífica y recalcó que deben cumplir con el marco normativo que establece el actuar legal y sensible de parte de cualquier institución para el acompañamiento y atención a las víctimas y sus familias.
ONU Mujeres se pronunció en el mismo sentido. “Es necesario que las autoridades garanticen el derecho reconocido de las mujeres a una vida libre de violencia, y la adecuada atención a las víctimas, lo que incluye responder a las condiciones sociales que repiten los ciclos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.
En respuesta, la Fiscalía de Puebla dijo que el área de Asuntos Internos investigará el proceder del personal de la institución ante la manifestación y “no se tolerarán excesos ni conductas ilíctias”.
En un comunicado, la Fiscalía también informó que la manifestación se originó por la entrega del inmueble donde fue localizado el cuerpo de la pediatra Zyanya Figueroa Becerril y “se acordó con sus propietarios esperar un tiempo mayor”.
Fuentes de la Fiscalía poblana confirmaron a medios que el ataque con gas pimienta en contra de activistas, periodistas y la familia de Zyanya Estefania Figueroa Becerril fue ordenado por Piero Isauro García Hernández, el director general de Seguridad Institucional y de Altos Funcionarios de la dependencia.
Zyanya
Zyanya era una pediatra originaria de la Ciudad de México que laboraba en el Hospital del Niño Poblano. El 16 de mayo de 2018 fue localizada sin vida al interior del departamento donde vivía. Su cuerpo se encontraba colgado del tubo de la regadera, junto con una carta suicida, por lo que las autoridades dieron por hecho que se había quitado la vida.
Sin embargo, los familiares y abogados de la víctima encontraron inconsistencias en las investigaciones y violaciones al debido proceso, por lo que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo para exigir a las autoridades investigar el caso con perspectiva de género.
El asesor jurídico Rodolfo Domínguez manifiesta que en el proceso se perdieron más de 70 indicios de material probatorio; así como varias irregularidades en la necropsia que le hicieron al cuerpo de la joven, quien tenía diversos hematomas y heridas que no coinciden con la versión de un suicidio.
“Presenta más de 20 lesiones entre punzocortantes, de agujas, que no son compatibles de ninguna forma con un suicidio. no hay consistencia entre los signos cadavéricos y las livideces, que no coinciden con las de los dictámenes”, narra el abogado
Además, la investigación se ha basado en pruebas testimoniales que buscan acreditar que Zyanya tenía problemas mentales, “pretenden hacer necropsias psicológicas a Zyanya para determinar que estaba deprimida que, lejos de garantizar la verdad, comprometen la verdad de los hechos para insistir en un supuesto suicidio”.
Añadió que ya identificaron a una persona sospechosa del posible feminicidio, sin embargo, todavía no consiguen las pruebas suficientes para acreditar su participación.
Por ese motivo, la familia de la víctima exige a la Fiscalía de Puebla reclasificar el caso como feminicidio. Dos años atrás, las autoridades les prometieron que revisarían el caso; sin embargo, a la fecha siguen a la espera de una respuesta.
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CAB
