Pegasus fue utilizado para espiar a más de 15 mil celulares en México, entre los que se encuentran periodistas y activistas
Una investigación reveló una lista de números de celulares de todo el mundo que pudieron ser objetivo del software espía Pegasus, de la israelí NSO.
Del total de 50 mil usuarios que habrían sido espiados, 15 mil son de México, de acuerdo con el informe. El análisis de los datos sugiere que el país cliente de NSO que seleccionó la mayor cantidad de números, más de 15 mil, fue México”, señala el medio The Guardian.
En la lista se incluye el número de Cecilio Pineda, periodista independiente mexicano que fue asesinado en un establecimiento de lavado de autos. El propio Ignacio Rodríguez Reyna también confirmó que se encuentra dentro de una lista de 25 periodistas que presuntamente se ordenó espiar durante la Administración pasada.
La investigación, publicada también en The Washington Post, The Guardian y otros, muestra que Cisen, PGR y Sedena infectaron o intentaron hacerlo a colegas de otros medios y a los otros cofundadores de Quinto Elemento Lab: Alejandra Xanic, Daniel Lizárraga y Marcela Turati”, apuntó.
Pegasus saltó a las portadas de los medios de comunicación por primera vez en 2016, cuando el prestigioso Citizen Lab de la Universidad de Toronto descubrió vulnerabilidades en el iOS, el sistema operativo móvil de Apple.
Más tarde, en 2019, mil 400 personas, entre ellas varios políticos catalanes, fueron víctimas del espionaje de Pegasus, que aprovechó una vulnerabilidad de WhatsApp para infiltrarse en los teléfonos.
Ahora, sin embargo, The Washington Post reveló la existencia de una lista de 50.000 números de teléfono pertenecientes a países famosos por espiar a sus ciudadanos o que son clientes de NSO Group.
De esos números, los autores de la investigación fueron capaces de identificar a 1.000 personas que viven en 50 países de todo el mundo.
Entre ellos, figuran varios miembros de familias reales árabes, al menos 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos.
The Washington Post y los otros medios no han podido averiguar cuál era exactamente el objetivo de la lista de 50 mil nombres. Tampoco saben quién creó el listado y cuántos de los teléfonos fueron objeto de espionaje. Por el momento, han podido confirmar que 37 sí fueron infiltrados, aunque fuera por solo unos segundos.
Los Gobiernos o agencias de seguridad que usaron Pegasus para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada por NSO Group, que en teoría diseñó esos programas para vigilar a terroristas y criminales.
En declaraciones a The Washington Post, NSO Group rechazó identificar a los Gobiernos a los que ha vendido el software espía.
Sin embargo, el análisis de los medios concluye que, de la lista de 50 mil números de celulares, el mayor número -15 mil- estaban en México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros. Otro gran número de posibles víctimas han sido localizadas en Catar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
Asimismo, la investigación revela que Pegasus intentó infiltrar el teléfono Android de Hanan Elatr, la que fuera una de las esposas de Khashoggi, justo seis meses antes de su muerte. No se sabe si esos intentos de espionaje tuvieron éxito.
Además, el teléfono de la que fue posteriormente su prometida, Hatice Cengiz, fue infiltrado por el software espía solo unos días después de que muriera, según la investigación publicada hoy.
En declaraciones a The Washington Post, NSO defendió que sus programas ayudan a salvar vidas y evitan ataques criminales y, además, consideró que la investigación hace acusaciones infundadas.
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Artículo 19 en México exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación independiente sobre el espionaje realizado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus, tras la publicación este domingo de una investigación que reveló, entre otras cosas, que 15 mil números telefónicos fueron objetivos en el país en el sexenio pasado.
La organización instó además al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a transparentar toda información relacionada al espionaje realizado en la administración de Enrique Peña Nieto con el software de vigilancia, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
“Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos“, urgió Artículo 19
Recordó que hasta ahora, la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
Asimismo, demandó que se impulse una agenda de reformas para establecer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas por parte de las entidades de gobierno.
Artículo 19 detalló que dentro de los 15 mil números con código de país de México de entre los 50 mil encontrados por la investigación Pegasus Project, se incluyen los de “defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas”.
Entre los números de periodistas, se encontraron los de “Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017 apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus; Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo”.
La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información criticó que a cuatro años de que se inició la investigación por este caso de espionaje gubernamental aún no haya avances significativos para su esclarecimiento, y llamó a replantearla y fortalecerla.
Aseguró que le expuesto por la investigación publicada este domingo pone de manifiesto la necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición de herramientas de vigilancia en México.
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CAB
